La ley que obligará los partidos a publicar sus cuentas, donaciones y deudas entra en su recta final

La reforma de Ley de Financiación de los Partidos Políticos que obligara a las formaciones y sus fundaciones vinculadas a publicar sus cuentas, donaciones y deudas ha entrado en su recta final en el Congreso al concluir este martes su examen en ponencia y remitirse para su aprobación en la Comisión Constitucional y, a final de mes, en el Pleno de la Cámara Baja.

Se trata del proyecto de ley que fue aprobado en diciembre por el Gobierno para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos y que, una vez en el Congreso, amplió el recorte a las subvenciones que reciben las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, como la FAES que preside José María Aznar o la Fundación Ideas del PSOE.

A lo largo de su debate en ponencia, se ha aprovechado para cerrar con amplio acuerdo un conjunto de medidas para reforzar la transparencia y el control de los partidos políticos.

Así, se obligará a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada una de las donaciones de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciben de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción). El Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.

Los partidos políticos, como entidades privadas, no están sujetos a la futura Ley de Transparencia de la Administración, pero la ponencia ya acordó aplicarles los mismos principios. Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.

Poner tope a la condonación de créditos

Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se acordó también poner un límite anual de 100.000, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas.

En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplió el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos políticos. Ya no sólo serán aquellas que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección.

Es decir, que la prohibición se extenderá a las empresas mayoritariamente participadas por aquellas que contratan con la Administración, a las fundaciones de éstas y a las que forman parte del mismo grupo empresarial.

Además, y con el objetivo de que no se repita un caso Palau, se establecerá que ninguna fundación que recibe subvenciones de la Administración, y ello incluye a las vinculadas a formaciones políticas, podrá hacer donaciones a un partido.

Los partidos políticos resolvieron también dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, pues hasta ahora la institución sólo podía hacer propuestas, generalmente de recorte de subvención, que luego debía ejecutar la Administración.

Congelar las subvenciones a quien no presente cuentas

Con esta reforma, el Tribunal de Cuentas podrá imponer directamente sanciones en una serie de supuestos de falta muy grave. En los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y forma.

Respecto de las fundaciones de los partidos, se decidió que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.

Además, se extiende a las fundaciones la obligación de hacer públicas sus cuentas una vez fiscalizadas y no se descarta que, en próximas reuniones, se les obligue además a comunicar al tribunal cada aportación de persona jurídica que reciban. De entrada, se ha decidido que las fundaciones comuniquen a Hacienda todas las donaciones públicas y privadas que reciben.

La única cuestión abierta es la aplicación del recorte de las subvenciones del Estado a los partidos. En la ley se habla del día siguiente de la publicación de la ley, e incluso en los Presupuestos Generales de este año ya está contemplado la reducción de la partida destinada a la financiación pública de los partidos políticos, pero los socialistas han pedido amortiguar su aplicación alegando que se pondrá en marcha a mitad de ejercicio, cuando los partidos ya habían cerrado sus presupuestos de 2012 contando con esas subvenciones.

En concreto, su propuesta pasa por dilatar la aplicación del recorte en las doce mensualidades siguientes (hasta el verano de 2013), aunque de momento el PP mantiene su rechazo a flexibilizar esta cuestión.

Tras la reunión de este martes, el informe de la ponencia se ha elevado a la Comisión Constitucional, que lo aprobará el jueves o el próximo martes, y después se llevará el dictamen al último Pleno del Congreso de junio para su remisión al Senado, donde se completará la tramitación en julio.