La Audiencia Nacional eleva a Rajoy su malestar por retirar los escoltas
El presidente del tribunal está preocupado por la seguridad de jueces y fiscales .
El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo.
La retirada efectiva de los escoltas a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional ha provocado un gran malestar en la sede judicial. La decisión del Ministerio del Interior de reducir de forma significativa la protección y el uso del coche policial ha llevado al presidente del tribunal, Ángel Juanes, y al fiscal jefe, Javier Zaragoza, a enviar una carta al presidente del Gobierno y a los ministros de Justicia e Interior para mostrarles su «preocupación» por la seguridad de jueces y fiscales, que desde hoy se desplazarán a su puesto de trabajo sin protección personal y por sus propios medios.
La misiva llega después del duro pronunciamiento de la junta de fiscales de la Audiencia Nacional y de las reuniones informales de los magistrados de la sala de lo penal y de los juzgados de instrucción, muchos de los cuales conocieron este lunes la medida de Interior en medio de un gran desconcierto.
Este sentir llegó a Mariano Rajoy en la carta que ayer le enviaron Juanes y Zaragoza. Un escrito en el que se hace una exposición razonada de la problemática suscitada por la «retirada integral» de los escoltas de este tribunal, que afectará a unos 35 jueces y fiscales, por un lado, y a unos 250 policías, por otro.
Para ello, recuerdan al presidente del Gobierno la «especificidad» de la Audiencia Nacional y, pese a entender la situación económica del país y los recortes ministeriales, señalan que jueces y fiscales no sólo investigan causas de terrorismo, sino otras amenazas inherentes para ellos como el crimen organizado o los casos de corrupción.
Sólo se salvan de esta reducción de guardaespaldas el propio presidente del tribunal, el fiscal jefe, el teniente fiscal Fernando Burgos, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrrubia, y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.
En este grupo se encontraba también el recién nombrado presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo el magistrado anunció ayer que renuncia al servicio de seguridad en una carta enviada al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que explica que su situación «no difiere» de la del resto de sus compañeros, y rechaza la escolta y el coche policial salvo para «las incidencias y reuniones» que tenga que asistir. En ese caso solicitará un vehículo al parque móvil, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Por una cosa o por otra, la rebaja de la protección en la Audiencia Nacional ha provocado un gran malestar entre los afectados. También entre los propios escoltas, que ayer conocían sus nuevos destinos en diferentes reuniones celebradas en la sede judicial. Sin ir más lejos, el Sindicato Unificado de Policía, el mayoritario en el cuerpo, reclamó la dimisión del ministro por su «improvisación».
No obstante, el Ministerio del Interior quiso precisar que en todos los órganos judiciales en los que se recortarán escoltas, se informó a sus responsables con suficiente antelación.