El Gobierno lanzará un ataque jurídico contra el varapalo a la doctrina Parot

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por aplicar la doctrina Parot a la etarra Inés del Río Prada, penada con más de 3.000 años de cárcel por más de 20 asesinatos, no va a tener efectos inmediatos ni para la recurrente ni para el resto de terroristas. No obstante, sí los tendrá a largo plazo. Sobre todo cuando esta resolución, una vez firme, sea incorporada al acervo de los tribunales e impida alargar la pena a un preso cambiando la forma de cómputo de su condena. El Gobierno lo sabe y va a preparar una ofensiva jurídica para retrasar lo más posible la excarcelación de la terrorista, como pidió Estrasburgo, e intentar neutralizar el varapalo del tribunal a esta doctrina que ha permitido prolongar la estancia en prisión a más de 80 terroristas.

El Ejecutivo también sabe que cuenta con aliados en esa búsqueda de más tiempo. Ni el Supremo ni el Constitucional, que hace solo dos meses avaló esa doctrina, van a anular sus resoluciones, según diferentes responsables de ambos tribunales. Tampoco, de acuerdo fuentes del Supremo, va a suponer la revisión automática de la situación de los terroristas que cumplen condena en virtud de un fallo suyo, que en el 2006 fijó que para la rebaja de los beneficios penitenciarios se calculará individualmente cada una de las penas y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

Eso sí, en la Audiencia Nacional esperan una avalancha de petición de nulidades, conforme la corte europea resuelva en contra de España la cascada de recursos de miembros de ETA que se avecina. La primera reacción del Ejecutivo va a ser apelar ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. Antes de tres meses recurrirá el fallo de la Sección Tercera de la corte que insta a España a «poner en libertad en el plazo de tiempo más breve posible» a la ex miembro del comando Madrid por posponer de forma «irregular» su excarcelación de julio del 2008 hasta junio del 2017, al tiempo que condena al Estado a pagar una indemnización de «30.000 euros por daños morales».

Los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz, se apresuraron a anunciar que ese recurso estará «en el plazo más breve posible», incluso antes de los 90 días del límite. En esa apelación, la Abogacía del Estado, según el titular de Justicia, reclamará la «suspensión de la firmeza del fallo» y, por ende, de la recomendación de excarcelar a la etarra, condenada en ocho procesos diferentes, entre ellos por el atentado que costó la vida a 12 policías en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986. El Gobierno, explicó Ruiz-Gallardón, tiene intención de mantener en prisión a Del Río «hasta que definitivamente se resuelva un procedimiento que solamente ha empezado» y solo se refiere a «una persona».

Según magistrados de Estrasburgo, será el Supremo, y en última instancia el Constitucional, los que decidan caso por caso los recursos que les van a llegar una vez que se conozca la previsible avalancha de fallos condenatorios para España con el precedente de Inés del Río. El primer trámite, no obstante, será que los letrados de los etarras a los que se les aplicó la doctrina Parot, una vez sean firmes las sentencias en Estrasburgo, pidan la nulidad de la condena a la Audiencia Nacional. Lo que sí garantizan en el Constitucional y en el Supremo es que si Estrasburgo confirma la sentencia contra España será muy difícil aplicar de nuevo la doctrina Parot en la Audiencia Nacional.