El Gobierno quiere introducir un sistema automático para el ajuste de las pensiones

Los pensionistas o futuros pensionistas también deben tentarse la ropa. Rajoy anunció un proyecto de ley que llevará al Pacto de Toledo para «acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada», tal y como le exige Bruselas. Eso significa que se establecerán mecanismos automáticos de ajuste en el sistema de pensiones en función del aumento de la esperanza de vida. Fuentes del Gobierno explican que introducir mecanismos que actúen de forma sistemática no supone hurtar la negociación al Pacto de Toledo. El proyecto de ley que se lleve al Congreso introducirá cambios que si, como es previsible, van en la misma línea que otros países introducirá una nueva rebaja en las pensiones.

España tiene una tasa de paro del 24,44%; hay más de cinco millones y medio de desempleados, de los que cada vez un porcentaje menor cobra la prestación, y ayer el presidente del Gobierno puso en duda sus ganas de trabajar. Rajoy justificó el recorte de las prestaciones por desempleo «para animar a la búsqueda activa de trabajo» y que «no generen efectos desincentivadores» en esa búsqueda de empleo. Por eso, el Gobierno reducirá la prestación de los «nuevos» parados hasta un 17% a partir del séptimo mes, ya que sólo recibirán el 50% de la base reguladora en lugar del 60% actual.

Prestación

En estos momentos, el importe medio bruto de las prestaciones por desempleo se sitúa en 28,85 euros diarios, 865 euros al mes, por lo que el recorte lo dejaría ligeramente por encima de los 700 euros en promedio a partir del séptimo mes. No afectará a los que cobren menos de 665 euros al mes si tienen hijos o 500 euros al mes si no tienen hijos. Eso deja fuera del recorte al 27% de los desempleados con derecho a prestación que se vayan añadiendo, según cálculos del Ministerio de Empleo. Además, se mantendrá el periodo máximo de 24 meses de duración de la prestación

Junto con el recorte en el pago de las prestaciones, el Gobierno también reducirá las bonificaciones a la contratación, excepto en el nuevo contrato de emprendedores —con un año de prueba sin indemnización por despido— y para promover la inserción laboral de personas discapacitadas. Sin embargo, rebajará las cotizaciones sociales dos puntos en dos años, lo que tendrá un efecto inmediato y nada positivo en los ingresos del sistema de Seguridad Social sin que esté garantizada su compensación con la aparición de nuevos afiliados. Cada reducción de un punto en las cotizaciones sociales son 3.000 millones menos de ingresos, con lo que va a perder 6.000 millones a partir de 2014. Esta menor recaudación para la Seguridad Social, que es la encargada de pagar las pensiones, se produce tras haber alertado el secretario de Estado de que pueden producirse «tensiones de liquidez».