La burguesía leonesa castigada por Franco
Los primeros papeles que salen del archivo de los Fernández Llamazares detallan las multas impuestas a la alta sociedad leonesa que solicitó el indulto para las autoridades republicanas. Habían pasado solamente unos días desde que los prohombres de la República en León eran condenados a muerte en un juicio sumarísimo, entre ellos el gobernador civil, el presidente de la Diputación y el alcalde de la ciudad. Los ciudadanos más influyentes, incluido el obispo, reaccionaron suscribiendo una solicitud de indulto que les costó cara. No sólo fue abortada, sino que desentrañó consecuencias desconocidas hasta hoy.
Javier muestra parte del archivo histórico que conserva en la vivienda familiar de León.
Los legajos aparecieron en el desván de los números 10 y 12 de la calle Ancha, en una vieja maleta. Forman parte del legado de Pedro Fernández-Llamazares, heredero de la banca del mismo nombre arraigada a León desde el siglo XIX. Por lo que se deduce de su archivo particular, ahora revisado y catalogado por uno de sus biznietos, era hombre de conservarlo todo, desde los papeles bancarios que hoy permiten conocer quiénes eran los más adinerados de León hasta cartas o invitaciones para actos sociales de la burguesía del momento.
Entre la abundante documentación a la que ha tenido acceso este periódico en exclusiva, figura un expediente inédito que aporta relevante información sobre uno de los episodios más dramáticos de la represión franquista en León como fue la ejecución de las principales autoridades republicanas de la ciudad y, sobre todo, la reacción de la sociedad leonesa ante la condena a muerte de 16 prohombres que habían ocupado puestos directivos, políticos o militares antes del golpe militar de 1936. «Si no me hubiera interesado por recoger todos esos papeles, hoy estarían perdidos», sostiene Francisco Javier González Fernández-Llamazares, responsable del archivo familiar desde que hace 25 años iniciase la clasificación de cientos de legajos y fotografías que en parte han sido entregadas en depósito al Archivo Provincial de León.
Hay una serie de papeles muy especial. Se trata de un conjunto de cartas que reproducen la contundencia con la que la burguesía leonesa fue castigada por las autoridades franquistas después de pedir el indulto de 16 hombres condenados a muerte en los primeros momentos de la Guerra Civil, entre ellos el gobernador civil, Emilio Francés, el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Armesto, y el alcalde de León, Miguel Castaño. También estaban sentenciados líderes políticos y sindicales como Félix Sampedro (Frente Popular), Lorenzo Martínez Baca (Partido Sindicalista), Antonio Fernández Martínez (Sindicato Minero Castellano Leonés), José María de Celis (de un incipiente Partido Comunista), responsables de compañías como Campsa (Alfredo Barthe), Correos (Orestes Vara de la Fuente), el matadero (Nicostrato Vela Esteban, padre del pintor Vela Zanetti) y mandos militares no adheridos a la causa franquista, caso de los capitanes Juan Rodríguez Lozano —abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero— y Timoteo Bernardo Alonso, que ya estaba retirado.
Una carta remitida por Pedro Fernández-Llamazares, entonces director local del Banco de Bilbao en León, al presidente de su entidad, Ceferino de Urien, revela que muy pocos días después de conocerse el juicio sumarísimo contra los célebres leoneses, «sus familiares, aconsejados por las autoridades de Burgos, recabaron firmas de personas y entidades representativas de las distintas fuerzas leonesas, solicitando el indulto de dichos condenados». Llamazares-Fernández informaba a su superior de que, como el resto de compañeros de la banca local, estampó su firma «estimando que simplemente se trataba de un acto humanitario y piadoso que iba ya autorizado con firmas prestigiosas de la plaza». Entre otros suscribían la petición de indulto el obispo de León, José Álvarez Miranda, además de órdenes religiosas, centros, diarios locales, juez de instrucción, etcétera.
Los firmantes de esa solicitud fueron «desagradablemente sorprendidos» en cuestión de días. La Comandancia Militar de León conoció la instancia y, teniendo en cuenta la capacidad económica de cada castigado, impuso una serie de multas «por razones de orden público». «Quizá con buena intención, pero con irreflexiva precipitación al firmar dicha instancia, no contribuyen eficazmente a la misión de justicia estricta que todo ciudadano español está obligado a sostener, máximo en estos momentos, y quizá al firmar dicha instancia, dada la categoría de las personas que lo hacen, pudiera desviarse la opinión pública, creyendo que la sentencia del Consejo de Guerra no era de estricta justicia, dado lo excepcional de la petición».
Con este motivo, la multa más alta se impuso a Ricardo Pallarés, director de la Caja Provincial Leonesa de Previsión, una multa de 50.000 pesetas, lo que vendría a equivaler a unos 10.000 euros actuales. Al resto les cayeron sanciones de entre 10.000 pesetas y 200. Dada la elevada cuantía de las multas, castigados como Pedro Fernández-Llamazares pidió ayuda económica a su entidad para afrontar el cargo. Entre los papeles que aún se conservan hay una carta de Ceferino de Urien, presidente del Banco de Bilbao, en el que le responde que, al no tratarse de un asunto de urgbencia, no debe ser un asunto resuelto personalmente por él, por lo que se comprometía a someterlo a estudio en un consejo de administración. El 14 de noviembre de 1936, un día después de enviar la carta a Vitoria suplicando ayuda para poder pagar, Llamazares-Fernández pagaba la cantidad de 10.000 pesetas impuesta por el gobernador militar «como firmante del indulto de Emilio Francés y otros dirigentes del movimiento marxista revolucionario».
El biznieto del condenado recuerda que noviembre del 36 fue un mes «de absoluto terror». Por la profusa documentación que ha pasado por sus manos, deduce que el poder militar ejerció con mano de hierro el control de la situación militar, política e institucional. «Prueba de ello fue el trato que se dispensó a cualquier ‘fuerza viva’ de la sociedad leonesa. El hecho de que los directores de los periódicos Diario de León y La Mañana fuesen también multados nos dice a las claras quién ostentaba ese poder absoluto». No está en condiciones de saber si su bisabuelo puso de su bolsillo las 10.000 pesetas o si finalmente lo pagó su banco, pero sostiene que las entidades financieras, por convencimiento o por obligación, colaboraron en las tareas encomendadas desde el poder militar. Dos documentos avalan su teoría. El primero es un recibí de la depositaria del Ayuntamiento de León que certifica que el Banco de Bilbao hizo entrega de cien mil pesetas en cumplimiento de un oficio del gobernador militar. En el libro diario de intervención de ingresos de 1936 del Archivo Municipal de León no consta tal ingreso, ni rastro.
«Mucha historia se estudia al revés; no hay que ponerse en nuestro punto de vista, sino mirarla desde la perspectiva de los otros», defiende el propietario de este archivo extraordinario. Por ejemplo, gracias a estos papeles se puede saber que los más ricos de León durante decenios han sido los marqueses de Montevirgen y de San Isidro o ciudadanos como Salustio Fernández Regueral. «Por los papeles de un banco se pueden conocer incluso las alianzas sociales. La lectura de este archivo desmonta muchas falsas teorías», afirma Javier.