El Constitucional decidirá si Rajoy puede imponer ajustes a las autonomías
. Estudia el recurso de Navarra por los recortes en sanidad . y educación. Euskadi impugnará la rebaja en funcionarios.
Mariano Rajoy, en el pleno extraordinario del Congreso.
El Tribunal Constitucional aclarará en los próximos meses si el Gobierno de Mariano Rajoy vulneró o no la ley al imponer a las comunidades autónomas recortes del gasto y cambios en el funcionamiento y organización de múltiples servicios sociales que gestionan en ejercicio de sus competencias.
El tribunal se verá obligado a estudiar toda la batería de recortes que Rajoy ha impuesto a través de reales decreto desde el mes de mayo, el mayor ajuste del gasto de la historia de la democracia, y que suponen notables ‘tijeretazos’ en educación, sanidad, salarios de los funcionarios, servicios de ayuda a la dependencia, horarios comerciales, y en otros ámbitos recogidos en los estatutos de buena parte de las autonomías.
La corte se declaró competente para analizar este asunto el pasado día 16, en un pleno previo a la renovación de cuatro de sus magistrados, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de los reales decretos de cambios en la sanidad y en la educación presentado un mes antes por el Parlamento de Navarra.
El de Navarra ha sido el primero, pero el tribunal tendrá que decidir también si admite estudiar otros recursos similares y sobre los dos mismos decretos gubernamentales que ya tienen anunciados los gobiernos de Euskadi, Andalucía, Asturias, y Cataluña.
El recurso navarro contra los recortes en educación denuncia que el Estado ha invadido las competencias forales en organización de la enseñanza y régimen estatutario de los funcionarios, modificando la jornada lectiva del profesorado o imponiendo un nuevo sistema para poder abordar las sustituciones de docentes.
Es el reflejo de la polémica desatada en las conferencias sectoriales donde el Gobierno anunció sus intenciones a las autonomías y donde las regiones gobernadas por los socialistas y los nacionalistas de CiU denunciaron una violación competencial y las primeras además protestaron también por la imposición de una recortes de derechos sociales con los que estaban en total desacuerdo.