Las causas del saldo negativo
Una fuerte caída en el número de trabajadores
La brusca y continuada caída en el número de cotizantes a la Seguridad Social es una de las causas fundamentales del desequilibrio en el saldo de las cuentas públicas provinciales. Sólo en los ocho primeros meses de este año la provincia ha perdido más de 4.000 afiliados a la Seguridad Social. Un dato que, además, no refleja la realidad de los ingresos en cotizaciones. Por ejemplo, los trabajadores en huelga se contabilizan como activos, pero en realidad no aportan sus cotizaciones durante el periodo de conflictividad. Y este año las huelgas han vivido un repunte importante en la provincia, no hay más que recordar el largo (e inacabado conflicto minero). Miles de trabajadores que no sólo han estado meses sin cotizar, sino que tradicionalmente aportan algunas de las cotizaciones más altas del sistema provincial. Unos 1.650 trabajadores están dados de alta en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, aunque el conflicto ha afectado a muchos más trabajadores, que desarrollan su actividad en el sector pero no están dados de alta en ese régimen. También ha descendido con fuerza el número de trabajadores autónomos.
Los aplazamientos de las cotizaciones de las empresas
Una medida que se puso en marcha para aliviar una falta de liquidez acuciante y «muy transitoria» por parte de las empresas, pero a la que se están acogiendo centenares de ellas en la provincia. Muchas pymes, pero también grandes grupos empresariales, por ejemplo las sociedades mineras, que a la conflictividad y los recortes añaden que no acaban de llegarles las ayudas a la producción comprometidas para este año. Muchos autónomos se han acogido también a este beneficio, que permite diferir los pagos hasta en cinco años. Según la Tesorería de la Seguridad Social en León, el año pasado se concedieron 1.358 aplazamientos de las cotizaciones, por un importe de 13,82 millones de euros. En el actual ejercicio, a 31 de agosto, son ya 973 las empresas que se han acogido a esta medida; y han aplazado el pago de cotizaciones por un importe de más de nueve millones de euros.
Los expedientes de regulación de empleo
Que han afectado y afectan a miles de trabajadores leoneses, que ven modificadas sus condiciones de cotización. Las empresas que acuden a ERE de suspensión temporal y de regulación de jornada tienen beneficios en las cotizaciones que realizan durante estos periodos, y los trabajadores también ven modificadas sus aportaciones a la Seguridad Social. Y esta es una herramienta que desde la entrada en funcionamiento de la reforma laboral a principios de año se ha utilizado con mayor intensidad.
Bonificaciones y cambios en los tipos de contrato
Las bonificaciones que reciben las empresas por realizar determinados tipos de contratación también reducen los ingresos a la Seguridad Social, aunque en este caso se justifican porque responden a la protección a determinados colectivos con dificultades para integrarse en el mercado laboral que de no ser por los incentivos quedarían excluidos. Pero también, según explica Miguel Ángel Álvarez, ha habido otro tipo de actuaciones que han tenido una repercusión negativa en la recaudación. Por ejemplo, el cambio de régimen de los empleados del hogar (una iniciativa que el propio ministerio reconoció esta semana que había sido un fracaso, y sobre la que se prevén nuevas actuaciones). En diciembre del 2011 había en la provincia 2.314 empleados del hogar dados de alta en su régimen especial. Empleados y empleadores tuvieron de plazo seis meses, hasta el pasado junio, para darles de alta en el régimen general, sea cual fuera el número de horas que realizaran.
A día de hoy hay en el Servicio Especial 3.332 empleadas (son casi todas mujeres, la mayoría inmigrantes) dadas de alta. Paradógicamente, este incremento de más de un millar de nuevas cotizantes se ha traducido en un descenso de la recaudación por estas cotizaciones: en diciembre pasado se recaudaron en León 381.000 euros por este colectivo, y en el último mes la mitad, 157.000 euros.
La causa, según Álvarez, es que ahora la mayor parte del colectivo cotiza por un mínimo de horas. Por otro lado, la Inspección de Trabajo tiene serias dificultades para vigilar estos fraudes, ya que no puede entrar en los domicilios. El director provincial reclama medidas, y señala que aunque económicamente este sector de trabajadores no representa un volumen elevado de las recaudaciones provinciales, sí en «indicativo de que hay decisiones que hay que tomar con cierto cuidado».