El juez Pedraz justifica la protesta del 25S por la «decadencia política»
Archiva la causa a los promotores y rechaza criminalizar el descontento social .
Parte de las ocho personas que prestaron declaración ante el juez Santiago Pedraz.
Ni hubo intención de entrar en el Congreso, ni se alteró el pleno celebrado el 25 de septiembre, ni tampoco se impidió la salida de los diputados. Es más, la policía judicial se excedió en su investigación preliminar de la convocatoria y en la tipificación penal de los hechos. Con esta andanada, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, archivó ayer la causa abierta a los ocho promotores del 25S al considerar que no cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado.
El magistrado cerró así uno de los guirigays judiciales más polémicos de los últimos meses, que han levantado una gran polvareda en las redes sociales y ha puesto en el disparadero a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y a la cúpula del Ministerio del Interior, por su implicación directa en el control de esta convocatoria y en su instrumentalización.
Ante estos argumentos, el auto judicial se convierte en un alegato en defensa de los derechos de manifestación y de libertad de expresión. Unos principios fundamentales que no se pueden socavar por más que el objetivo de la convocatoria, el alegórico ‘Ocupa el Congreso’, ponga en cuestión el marco constitucional.
«En modo alguno puede ser constitutivo de un delito (...) ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política», dice Pedraz. Esta referencia no cayó nada bien entre algunos diputados.
El juez señala que la «gravedad» aventurada por la policía no era tal y que «en ninguna parte de la convocatoria se indica que se penetre en el Congreso con armas o instrumentos con tal fin». Asegura que tampoco cabe apreciar delito en el intento de rebasar el perímetro de seguridad de la Cámara Baja, así como en impedir a los diputados abandonar el hemiciclo.
En el auto reconoce que es cierto que se incautan «instrumentos peligrosos», pero «no por ello hay que deducir que esos instrumentos fueran para entrar en la Cámara Baja».
Por otro lado, el magistrado «tampoco aprecia» un delito contra las altas instituciones del Estado en los intentos de superar las vallas de seguridad o en el afán por impedir que los diputados salieran del hemiciclo, ni tampoco en los lanzamientos de objetos o agresiones a los agentes, «todo ello perpetrado por numerosos elementos radicales presentes entre los concentrados».
De esta manera, el juez deja entrever que los 35 detenidos después de la manifestación del 25S no cometieron un delito contra el Estado.
Durante toda la mañana, los acusados estuvieron acompañados en la sede provisional de la Audiencia Nacional por unas 200 personas, que esperaban tras un importante dispositivo de seguridad en el que la policía identificó a los asistentes.