Reducción en un 50% del gasto y personal en empresas públicas

Un informe determinará la necesidad y dimensión del futuro sector público de la Comunidad. Las empresas y fundaciones serán sometidas a examen para llevar a cabo una reordenación con el objetivo de reducir el coste de su gasto corriente y personal en, al menos, un 50% antes del 31 de diciembre de 2013. Por el momento, la Junta no ha concretado quiénes serán los encargados de auditar el sector público de la Comunidad, pero el presidente Herrera aseguró que se esta tarea se llevará a cabo «de inmediato». Así, con este compromiso se acorta el plazo, ya que inicialmente estaba previsto para el final de la legislatura.

El sector público empresarial y fundacional de Castilla y León está formado por 38 entidades sobre las que la Comunidad tiene pleno poder de decisión.

«El cumplimiento de los objetivos del déficit, imprescindible para garantizar los servicios públicos fundamentales y la recuperación del crecimiento económico y el empleo, hace necesaria su reducción», según queda reflejado en el documento rubricado ayer.

Secretaría del Común

En aras de la austeridad en momentos de dificultades económicas, el Gobierno de Castilla y León y la oposición alcanzaron ayer un acuerdo para reorganizar las instituciones propias de la Comunidad. Así, los presupuestos del Procurador del Común y de los consejos Consultivo, Económico y Social, y de Cuentas formarán parte de la sección presupuestaria de las Cortes, y sus remanentes se destinarán a las consejerías sociales.

También se suprimirán los altos cargos de estas instituciones —excepto sus presidentes, y los consejeros del Consultivo y de Cuentas—. De este modo, al eliminarse las secretarías generales se creará una secretaría única dependiente de las Cortes. Asimismo, se revisarán sueldos, horarios y licencias de los empleados y no se dotará de presupuesto a las vacantes.

 

Consejo de la Juventud

Junta y PSOE llegaron ayer al acuerdo de mantener la configuración del Consejo de la Juventud —un ente público de derecho privado dotado de personalidad jurídica propia que forma parte de la Administración de la Comunidad— y las ayudas de la Junta de Castilla y León hasta que se decida su futuro en el marco de la reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad. «Creemos que no se debe dar un trato diferente que a otras entidades», explicó el secretario Autonómico del PSOE, Julio Villarrubia.