La cogeneración permite ahorrar 65 millones de euros al año en la Comunidad

Las 81 plantas de cogeneración ubicadas en las industrias de Castilla y León permiten ahorrar anualmente 1.220 gigawatios de energía, además de 910 kilotoneladas de emisiones de CO2. Un volumen que, en términos económicos, se traduce en un ahorro de 65 millones de euros al año, según los cálculos de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen).

Además, según los datos de la patronal del sector, sólo en Castilla y León las industrias que trabajan en sectores con un «alto potencial de penetración de la cogeneración» sostienen 76.000 empleos. De ellos depende un 38% del Producto Interior Bruto industrial de la Comunidad.

El sector con mayor potencial en la cogeneración es el alimentario, seguido de los minerales no metálicos, la química, el papel y el textil. Sectores que en conjunto generan una riqueza en la Comunidad que se calcula en casi 3.700 millones de euros.

Sin embargo, Acogen reconoce que el crecimiento de la cogeneración (en el que León es la tercera «potencia» de la Comunidad) ha sido «muy bajo» en los últimos años. Entre las principales causas que frenan el desarrollo de esta tecnología energética está por supuesto la situación económica, y también las propias «barreras económicas» de la utilización de este sistema. El grado de retorno de la rentabilidad es largo (de seis a nueve años), por lo que las empresas se lo piensan a la hora de llevar a cabo las inversiones.

Además, la reducción de la actividad industrial a consecuencia de la crisis hace que la inversión en el autoconsumo energético sea menos rentable que antes. Especialmente en aquellos sectores «más propensos a los ciclos económicos».

La falta de acceso a la financiación, que en los últimos años ha lastrado todo lo que tiene que ver con la actividad económica, es otro de los motivos que retrae a los promotores.

Pero los empresarios se refieren también a la falta de incentivos adecuados. A pesar de que las plantas están incluidas en el régimen especial (junto con las eólicas y las solares, por ejemplo, aunque las primas que reciben son bien distintas).

«Dificultades administrativas» como el registro de preasignaciones de potencia «añade problemas burocráticos que no se justifican con el control especulativo», ya que en este sector la tecnología va ligada a la actividad industrial. También denuncian las empresas la «ambigüedad» por los distintos criterios de incentivos según las autonomías.