El plan de prohibir tomar imágenes de policías divide al Gobierno
Santamaría dice que la reforma no está «cerrada», pero Fernández Díaz insiste.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Que iba a ser una reforma de lo más polémica lo sabía el director general de la Policía cuando lo anunció el jueves. Que iba a ser una iniciativa que de inmediato iba a tener de frente a la oposición parlamentaria estaba descontado por el Ministerio del Interior. Lo que no esperaba Ignacio Cosidó es que la controversia comenzara en el mismo seno del Gobierno.
El proyecto de prohibir grabar a los agentes ha divido al Ejecutivo. Es más, alguno de los departamento directamente implicados en el impulso legislativo del Gobierno no sabían siquiera que el Ministerio del Interior planeaba incluir en la inminente reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana la prohibición de «captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando».
El mismo jueves, solo horas después de que Cosidó sorprendiera a propios y extraños con su anuncio, desde Moncloa reconocían apresuradamente que la reforma planteaba algunas «aristas» que habría que pulir. Ayer, sin embargo, la vicepresidenta del Ejecutivo fue mucho más lejos y, sin llegar a desautorizar al director general de la Policía, aseguró tajante que esa reforma no está, ni mucho menos, «cerrada».
En primera persona
Soraya Saénz de Santamaríarebajó sustancialmente el anuncio de Interior. «La Dirección General de la Policía pone de manifiesto los problemas con que se pueden encontrar sus agentes con relación a su seguridad e integridad, pero a partir de ahí se van elaborando las normas», precisó la portavoz, quien explicó que antes de presentar un proyecto al Parlamento hay que pasar por un «proceso muy exhaustivo».
Saénz de Santamaría, en cualquier caso, quiso poner el énfasis en que cualquier proyecto no atacará «derechos fundamentales» y, «muy en particular», el de la «libertad de opinión e información».
Las palabras de la vicepresidenta parecían dejar claro que el proyecto de Cosidó no está ni mucho menos maduro ni estudiado a fondo, pero el ministro del Interior salió de inmediato en cerrada defensa del director de la Policía y de su iniciativa.