El Gobierno adelgaza la administración para salvar el Estado de las Autonomías

El Gobierno va encarar la anunciada y nunca materializada reforma de las administraciones públicas. Se trata, según explicó Soraya Sáenz de Santamaría, de adelgazar el sector público central, autonómico y municipal para hacer viable el Estado de las Autonomías en tiempos de crisis. La vicepresidenta aseguró que en modo alguno se trata de una recentralización al estilo de la reclamada esta semana por José María Aznar para «poner orden» territorial. El objetivo, dijo la portavoz, es reducir el tamaño de la administración y que sea más eficaz.

Una comisión interministerial tiene hasta el 30 de junio próximo para hacer una auditoría «de abajo arriba» de la situación de las administraciones públicas, «algo —recordó varias veces la vicepresidenta— que no se ha hecho nunca» en las tres décadas de historia del sistema autonómico.

El objetivo es determinar cómo se puede hacer más pequeño y eficiente el sector público en todos sus niveles. Es, en definitiva, una medida de ahorro, pero con el valor añadido de lograr una administración «más simple, más eficaz, mejor coordinada y que preste mejores servicios a los ciudadanos». Los expertos escudriñarán en estos ocho meses qué competencias se solapan, qué instituciones se repiten para dar el mismo servicio, qué organismos o empresas públicas son prescindibles. Todo, explicó Sáenz de Santamaría, para hacer «un mapa» de la situación del sector público, eliminar lo «superfluo» y «dimensionar adecuadamente la administración».

La iniciativa desarrolla un acuerdo unánime de la Conferencia de Presidentes reunida el 2 de octubre en el Senado, que encomendó al Ejecutivo central acometer una reforma a fondo del sector.

Antes y ahora

El objetivo, aclaró, es «hacer viable el modelo del Estado autonómico y demostrar que también funciona en tiempos de crisis». El sistema, prosiguió, se desenvolvió «muy bien» en los años de vacas gordas porque eran tiempos para «repartir riqueza», pero ese modelo no puede tener la misma estructura de funcionarios, organismos y empresas públicas en una época de crisis, hay que adelgazarlo para que sea «viable». Mantener el mismo esquema con menos ingresos «no es sostenible», resumió la vicepresidenta.

Los nacionalistas catalanes y vascos han mostrado ya sus recelos a esta reforma de la administración porque temen una invasión de sus competencias. Habrá que ver la reacción de ambos gobiernos autonómicos cuando la comisión recomiende, por ejemplo, el cierre de sus ‘embajadas’ en distintos países o la reducción de entidades de promoción de las lenguas cooficiales que hay diseminadas por el mundo.

Sáenz de Santamaría confió en que no se produzca un rechazo porque, reiteró, existe un acuerdo unánime. La vicepresidenta admitió que el Gobierno no tiene instrumentos coercitivos para hacer cumplir las recomendaciones de la comisión de expertos sobre los recortes en el escalón autonómico y en el municipal, pero tiene herramientas disuasorias.

Recordó que las comunidades están sujetas a la ley de estabilidad presupuestaria y deben presentar cada trimestre programas de ajuste en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahí el Gobierno puede presionar para que se asuman las conclusiones de la auditoría de la administración.