Los alcaldes del PSOE sacarán el dinero municipal de los bancos que desahucien
Rajoy pone reservas a posibles reformas legales que creen «nuevos problemas».
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se reunió con los alcaldes socialistas.
Los alcaldes del PSOE se comprometen a retirar sus depósitos de las entidades financieras que mantengan los desahucios a las familias en situación de insolvencia sobrevenida, al menos, hasta que entre en vigor un nuevo marco legal que ofrezca una solución a este problema social. Es sólo una de las muchas medidas de presión planteadas ayer por los primeros ediles socialistas y la vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, para evitar desalojos o, en todo caso, paliar sus consecuencias. Otra será la de negar la colaboración de la policía local.
«Estamos hablando de personas que durante toda su vida han cumplido y que por una situación de insolvencia sobrevenida de la que no son responsables no pueden hacer frente a los pagos; es un problema que se ha extendido a toda la clase media y se trata de derechos no de solidaridad», subrayó Valenciano.
El principal partido de la oposición insiste en que el decreto aprobado por el Ejecutivo el jueves pasado, y en virtud del cual se paralizarán durante dos años los desahucios a familias en situación más desfavorable, se ha quedado muy corto y defiende que es preciso ampliar el número de beneficiarios y cambiar la ley.
El acuerdo del Consejo de Ministros es aplicable a familias que no ingresen anualmente más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), equivalente a 19.170,39 euros, siempre que sus circunstancias económicas hayan cambiado en los últimos cuatro años y dediquen más de la mitad de sus ingresos a pagar la hipoteca. Pero además tendrán que ser familia numerosa o tener un hijo menor de tres años. También podrán beneficiarse, dentro de esos mismos límites, quienes formen una familia monoparental con dos hijos a cargo o aquellos núcleos familiares en los que uno de sus miembros posea una discapacidad superior al 33%, las familias que incluyan a una víctima de violencia de género y aquellos titulares de hipoteca que no cobren ningún subsidio.
Mariano Rajoy alegó ayer que ha ido tan lejos como puede. «La obligación de este Gobierno es resolver el mayor número de problemas posibles pero evitando crear nuevos problemas», subrayó durante una rueda de prensa conjunta con la presidente de Brasil, Dilma Roussef, en el Palacio de la Moncloa.
El Ejecutivo ha recibido en las últimas semanas presiones, tanto de las entidades bancarias como de Bruselas, para que mida las consecuencias de posibles modificaciones legislativas. En una carta a los bancos, el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, sostiene que hacer reformas «de calado» podría ser perjudicial para España si se pone en riesgo la seguridad jurídica de acreedores e inversores.
Martín, como el propio Gobierno y como también apunta el PSOE, destacó que, a pesar de las cifras alarmantes facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial -300.000 desahucios en cuatro años-, las entidades financieras han ejecutado entre 4.000 y 15.000 hipotecas correspondientes a primeras viviendas y el resto serían, entre otras cosas, locales comerciales y segundas residencias.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, considera insuficiente el decreto gubernamental. Acusó al Ejecutivo de haber cedido al «chantaje» de la banca y llegó incluso a alegar que uno y otra serán «responsables directos, con premeditación y alevosía», de los suicidios que se puedan producir a partir de ahora por órdenes de desahucio.