La subida de tasas azuza el incendio en la Justicia y aviva la posibilidad de huelga
. Jueces, fiscales, vocales del Poder Judicial y abogados acusan a Gallardón de gobernar sin contar con nadie.
La entrada en vigor de la ley de tasas judiciales se ha convertido en otra palada de leña a la hoguera prendida en el mundo de la Justicia y que por momentos amenaza con convertirse en un incendio, como anunciaron las protestas de fiscales y magistrados del viernes ante los juzgados y el Ministerio. En el horizonte, además, asoma la posibilidad de la huelga.
La norma, denostada sin excepción por jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores y abogados, ha ahondado la brecha que desde hace meses separa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la totalidad de los operadores judiciales, sin distinción entre progresistas y conservadoras. La misma distancia que vive en el Congreso con los grupos parlamentarios, sin un solo apoyo ajeno a sus reformas, más allá del de los populares.
Las asociaciones de jueces y fiscales, los colegios de abogados y algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran que Gallardón ha comenzado a ejecutar el ambicioso plan de reforma y modernización de la Justicia que anunció al comienzo de la legislatura sin contar con nadie. Temen que siga por igual camino, apoyado por el Gobierno y la mayoría absoluta del PP, con los siguientes y controvertidos capítulos del proyecto, como la reforma de la ley del órgano de gobierno de los jueces o la norma que debe dar la vuelta al decimonónico sistema de enjuiciamiento criminal.
A serenar los ánimos, desde luego, no han contribuido las palabras de Gallardón del jueves. Además de confirmar que no piensa dar un solo paso atrás en la implantación de las nuevas tasas judiciales, advirtió a todos los colectivos de la Justicia y a la oposición de que no aceptará presiones.