Jueces y fiscales convocan la primera huelga contra el ministro Gallardón
Alberto Ruiz Gallardón no ha logrado evitar la primera huelga general en los tribunales contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, la negativa de Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la Asociación de Fiscales, mayoritarias en sus respectivos colectivos, a secundar el paro convocado para el 20 de febrero permite al ministro de Justicia tomar oxígeno en su lucha por reformar la justicia española
La huelga, la tercera de estas características en la historia reciente, la impulsan las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Los convocantes esgrimen diversos motivos para justificar una protesta tan drástica, entre ellos, la falta de medios personales y materiales en los juzgados, la «privatización» del Registro Civil, el incremento de las tasas y el proyecto de la reforma del Poder Judicial que prepara el Gobierno. Una norma, que a juicio de los impulsores de la huelga de togas, supondrá una mayor «politización» de la administración de justicia
Toda una « crisis institucional que cuestiona la separación de poderes y la independencia judicial», según explicó Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia
Unas carencias que, según los colectivos firmantes, impiden a jueces y fiscales luchar con garantías contra uno de los problemas que más irrita a los ciudadanos, la corrupción política
Más diálogo
La APM, pese a compartir todas las reivindicaciones, aboga por agotar la vía del diálogo para convencer de la justicia de sus demandas «al Gobierno, a todos los grupos parlamentarios sin excepción y a los ciudadanos».
Recuerdan que España atraviesa momentos extraordinariamente difíciles, con una crisis que se proyecta en «tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente». Reconocen además que tanto los políticos como los ciudadanos cuestionan el modo de funcionamiento común de la Justicia.
«En un contexto así, creemos que el comportamiento que se espera de nosotros —detalla la APM en un comunicado— es que gestionemos con responsabilidad el interés público que se nos ha confiado y que lo hagamos con absoluta independencia y rabiosamente comprometidos con el Estado de Derecho».
Los convocantes, en cambio, sostienen que llevan «meses» intentando negociar con Ruiz-Gallardón y que el ministro «no ha atendido ninguna de las reivindicaciones»