Diario de León

La vicepresidenta tampoco sabe explicar la ‘indemnización en diferido’

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europa press | madrid

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó de nuevo entrar a valorar el caso del ex tesorero alegando que este asunto está «judicializado» y el Ejecutivo debe respetar esas actuaciones judiciales. También rehusó explicar en qué consiste una indemnización en diferido, como la que el PP dice haber aplicado a Bárcenas, asegurando que ella no es experta en derecho laboral.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría fue preguntada si cree que la falta de explicaciones sobre este caso por parte del PP puede perjudicar al Gobierno. En su respuesta, como ha venido haciendo en semanas anteriores, dijo que no iba a hablar de asuntos que afectan a los partidos, máxime cuando se trata de temas que están «están judicializados».

«Permítame que desde el Gobierno diga nuestro máximo respeto a las actuaciones y a la investigaciones judiciales», añadió.

No es su especialidad

A renglón seguido se le preguntó si podía explicar qué es una indemnización en diferido en forma de simulación, que fueron las palabras que empleó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para referirse al acuerdo alcanzado entre el PP y el ex tesorero tras poner fin a la relación laboral.

«No me lo pregunta como portavoz de este Gobierno o como vicepresidenta. Tampoco mi especialidad es el derecho laboral y ya sabe usted que la Seguridad Social tiene sus propios letrados», declaró Sáenz de Santamaría.

El PSOE quiere que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se pronuncie el miércoles en el Pleno del Congreso sobre la relación laboral de Bárcenas y el PP a la vista de las distintas versiones sobre su contrato y las denuncias planteadas por el extesorero contra su partido, la última por acoso laboral.

Por su parte, IU considera «necesario e imprescindible» que el Ministerio Fiscal se pronuncie de forma «inmediata» sobre la querella criminal presentada por la coalición y cuatro asociaciones contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como el propio Bárcenas, Trillo, Acebes y Rodrigo Rato.

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