El Ejecutivo apoyará que la financiación ilegal de los partidos sea delito penal
El Gobierno ha resuelto impulsar una reforma del Código Penal para que financiar un partido de manera ilegal o falsear sus cuentas sea un delito. El Ejecutivo pretende además que el Parlamento modifique las seis leyes necesarias para cumplir con el acuerdo contra la corrupción y sobre regeneración democrática aprobado tras el Debate sobre el estado de la Nación. El PP presentó una propuesta de resolución en ese sentido que fue aprobada con sus votos y los de CiU, PNV, UPyD, Coalición canaria y contó con la abstención de PSOE, Izquierda Plural y Esquerra. Dicha resolución contiene un amplio abanico de medidas políticas, jurídicas y de orden práctico que supondrán más límites, más control y más transparencia en la actividad pública.
La penalización de la financiación ilegal de los partidos fue acordada ayer en el grupo de trabajo creado por el Ejecutivo y que se reunió por primera vez en la Moncloa, bajo la presidencia de Soraya Sáenz de Santamaría.
Un equipo que estará coordinado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y está integrado por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como por representantes de primer nivel de los Ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior. En la la actualidad, lograr fondos para una formación política de manera opaca o irregular sale muy barato a los autores porque se salda con una simple multa económica, impuesta por el Tribunal de Cuentas. Su incorporación al Código Penal implica que ese ilícito será castigado con penas de cárcel.
Responsabilidades
Sin embargo, ninguna de estas reformas legales afectará a las posibles responsabilidades que puedan depurar los tribunales en casos como Gürtel, Luis Bárcenas, Campeón o la presunta financiación ilegal del PP porque ninguna ley tiene carácter retroactivo.
Otra de las innovaciones legales que impulsará el Gobierno es que las organizaciones políticas deberán aprobar y remitir su contabilidad al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran.