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Con el simbólico nombre de ‘Heracles’, en alusión a la figura de Hércules que aparece en el escudo de Andalucía, el juzgado de instrucción 6 de Sevilla que dirige Mercedes Alaya ha dado un impulso a la investigación del supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público. Un caso cada vez más complejo y con varias subtramas.

El escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción en la región en los últimos tiempos, surgió a raíz de la denuncia por la petición de una mordida a unos empresarios desde la empresa mixta Mercasevilla.

Tirando del hilo, se descubrió la presencia de ‘intrusos’ o personas ajenas incluidas en los expedientes de regulación de empleo de la empresa. A día de hoy, y tras revisar todos los ERE llevados a cabo por la Junta de Andalucía entre el 2001 y el 2010, se han detectado 126 casos de un total de más de 6.000 trabajadores que accedieron legalmente a la prejubilación. El fraude en esta parte de la investigación asciende a 12,3 millones de euros.

La investigación judicial también permitió descubrir la arbitrariedad con la que se daban ayudas directas a empresas en crisis. Casi siempre en la provincia de Sevilla y vinculadas al entorno del exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Ya fueran familiares, conocidos (como su chófer) o exconcejales socialistas. Según los datos de la Cámara de Cuentas, el fraude aquí rondaría los 73 millones de euros.

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