La jueza envía a prisión a otros cuatro imputados por los ERE fraudulentos

La juez Alaya encarceló ayer sábado a la antigua cúpula del Holding Vitalia, una de las dos consultoras que tramitaron el grueso de los ERE pagados por la Junta de Andalucía, por su implicación en el cobro de sobrecomisiones. Junto a ellos, y tras una sesión maratoniana de declaraciones, la juez que se ha pasado 24 horas encerrada en su despacho también envió a prisión eludible con fianza de 50.000 euros a dos supuestos testaferros del conseguidor Juan Lanzas, su cuñado Ismael Sierra y Eduardo Leal. En total son ya siete los encarcelados en esta fase de la investigación.

Tanto a Eduardo Pascual, ex coordinador de Vitalia, como a María Vaqué, que fuera administradora y directora general de la entidad, están acusados de los delitos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. En su declaración, otro de los encarcelados, el exasesor de la empresa Antonio Albarracín, los señaló como las personas que dieron las directrices para el pago de comisiones o la inclusión de los ‘intrusos’ en las prejubilaciones.

Sin embargo, Pascual —que está implicado junto a Vaqué en la presunta estafa del grupo Eurobank— defendió su inocencia. Negó un incremento de su patrimonio, e inquirió a la juez para que «si piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo». «Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía».

Durante la jornada del viernes, Alaya dejó en libertad con cargos a María José Marcos Férriz, esposa de Albarracín; a José González, hijo del administrador único de Uniter; a Roses Masa, administradora de Fortia; y Gregorio Martínez, amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y que fue durante un tiempo comercial de Vitalia.

También dejó libres pero con cargos a Patrocino Sierra, esposa de Juan Lanzas; y al ex chófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo, que habían sido citados directamente como imputados.