El ex presidente navarro, el alcalde de Pamplona y un ex consejero, imputados
. Se enfrentan a un posible delito de cohecho por el cobro de múltiples dietas de Caja Navarra.
Miguel Sanz.
El desarrollo del caso Caja Navarra dio ayer un paso de gigante con la imputación del ex presidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, del actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el ex consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral Álvaro Miranda. Los tres tendrán que declarar en calidad de imputados ante el juzgado de instrucción número 3 de la capital navarra.
La titular del juzgado, Paz Benito, no acusa a los tres de ningún delito concreto en la providencia que emitió ayer, aunque en un auto de hace dos semanas para rechazar el traslado del caso a la Audiencia Nacional, Benito expresó sus sospechas de que se pudiera haber incurrido en un ilícito de cohecho. Los acusados formaban parte de la casi desconocida Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra. En este organismo participaba también la actual presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. Pero esta última no ha sido imputada ya que es aforada y solo puede ser juzgada en el Supremo. La juez tendrá que decidir ahora si remite la pieza de Barcina al alto tribunal.
Según el auto de hace dos semanas, la juez consideraba que el cobro de dietas por asistencia a la Junta de Entidades Fundadoras y a la Comisión Permanente de Caja Navarra tiene un sustento legal «cuanto menos dudoso», calificable como presunto cohecho. Para la juez, estas dudas resultan más «evidentes» en el caso de la Comisión Permanente.
Además, las reuniones que celebraban llegaron a ser dobles y triples en un mismo día con el consiguiente cobro de dietas dobles y triples por apenas unas horas en torno a una mesa. Sanz, como presidente del Gobierno, recibía 2.680 euros por cada reunión y el resto, 1.717 euros
Devolución
Una vez conocido el caso, el ex presidente navaro anunció que devolverá las remuneraciones de la Comisión Permanente, unos 39.000 euros, no las cobradas de la Junta de Entidades Fundadoras; su sucesora, en cambio, afirmó que restituirá todo lo cobrado, 68.500 euros. El alcalde pamplonés también se comprometió a reintegrar el dinero.
Caja Navarra creó en el 2010, a través de los estatutos de la entidad financiera, la Junta de Entidades Fundadoras, un órgano consultivo en la que participaban los cargos políticos que habían abandonado el Consejo de Administración de la caja. De esta forma, continuaban cobrando las dietas que recibían anteriormente. En paralelo, y fuera de los estatutos, se creó la Comisión Permanente, en la que participaban los tres imputados y Barcina.