Los tribunales investigan 1.661 casos de corrupción

Los tribunales investigan en la actualidad 1.661 casos de corrupción, de acuerdo al estudio realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que en sus conclusiones no distingue entre causas de naturaleza política o exclusivamente financiera. Unas 302 de estas investigaciones se pueden calificar como macroprocesos.

Se trata de causas que tienen como protagonistas los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, falsedades documentales, estafas, o negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.

El análisis, que no incluye los casos que se tramitan en el Tribunal Supremo, señala que estos casi 1.700 asuntos de corrupción forman parte de los 2.173 procesos judiciales en marcha en España que se consideran como de «especial complejidad y de gran repercusión en la opinión pública», por lo que en muchas ocasiones suponen una sobrecarga de trabajo excesiva para el juzgado y producen su colapso. El resto de causas distintas a la corrupción son 512 macroprocesos por delitos complejos, en muchos casos por narcotráfico o por sucesos graves o desastres naturales, con gran número de implicados. Un ejemplo, el Madrid-Arena. De hecho, el estudio, que aún es provisional, se lo encargó Gonzalo Moliner, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, el 24 de enero al Servicio de Inspección tras conocer las denuncias de varios tribunales y jueces decanos sobre la importante falta de medios para abordar la proliferación de asuntos de corrupción y ante la alarma social desatada por casos como ‘Gürtel’, los ERE de Andalucía o el que investiga a Iñaki Urdangarín y a su ex socio. Quería tener una radiografía del problema y un balance de necesidades urgentes.

Colapso

El trabajo de la Inspección, que contó con la colaboración y los datos de las audiencias provinciales, los decanatos y los tribunales superiores de justicia, constata que el colapso en muchos juzgados por la escalada de causas de corrupción es una realidad y plantea al Ministerio de Justicia cuatro actuaciones urgentes para poder agilizar o desatascar las investigaciones en curso.

El Poder Judicial considera que es «absolutamente necesario» que los 798 juzgados del país que tramitan asuntos de corrupción sean reforzados, al menos de manera temporal, con 64 magistrados, que se sumarían a los 16 jueces de adscripción temporal y 11 de refuerzo que ya han recibido desde que empezaron a denunciar sus carencias. De igual manera, el Consejo reclama al Ministerio y a las consejerías autonómicas la adscripción a estos mismos órganos de 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de distintas categorías