Diario de León

giro en el caso nóos. la resolución

La Audiencia entiende que la infanta no conocía el «plan criminal» de su marido

Anula la imputación pero no descarta que «cometiera un delito contra Hacienda».

La infanta Cristina a su salida ayer del trabajo en la Caixa.

La infanta Cristina a su salida ayer del trabajo en la Caixa.

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m. sáiz-pardo | (colpisa) madrid

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«No hay indicios vehementes de que la infanta conociera se concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la administración con ocasión de los contratos de colaboración con las administraciones, ni que a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos». Con ese argumento central, una dividida Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca revocó ayer por dos votos a favor y uno en contra la decisión del juez José Castro de citar como imputada a Cristina de Borbón como cómplice o cooperadora necesaria de los delitos económicos cometidos por su esposo.

La resolución de los magistrados, a pesar de la aparente contundencia, no descarta por completo que la hija menor de don Juan Carlos termine haciendo el paseíllo de los juzgados de Vía Alemanya. La Audiencia Provincial invita a Castro a seguir investigando porque todavía podría imputar a la infanta y señala que el camino a profundizar, una vez descartado el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias, es el del fraude fiscal.

Los magistrados Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, ponente del fallo, Juan Jiménez, quien presentó un voto particular a favor de la imputación, y Mónica de la Serna adelantaron la deliberación prevista para el 20 de mayo y resolvieron, sin celebrar vista pública ni privada para escuchar los argumentos de las partes, que «estiman parcialmente» el recurso del fiscal Pedro Horrach. Anticorrupción recurrió la decisión de Castro de acusar a la hija del rey al entender que en el sumario no hay pruebas suficientes de que estuviera al tanto de los negocios de su marido al frente del instituto Nóos y, aún menos, de que participara activamente en ellos, ni siquiera en Aizoon, la empresa de la que es coopropietaria al 50% con su esposo.

La sala da la razón a Horrach en todas las imputaciones que hace al juez, excepto en la del posible delito fiscal. Los magistrados, que son muy críticos con la forma de instruir de Castro, afirman que no hay «reproche penal» que hacer a la duquesa de Palma porque en todo el sumario no hay pruebas de que ella hiciese nada «tendente a cometer un fraude a la Administración» en lo que respecta a los contratos suscritos por el Instituto Nóos con los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares.

Para la Audiencia Provincial «carece de trascendencia penal» el hecho de que el nombre de la infanta apareciera en el folleto de Nóos como miembro de la junta directiva. Tampoco es suficiente indicio para imputar a la duquesa el hecho de que pudiera haberse enriquecido a través de la empresa familiar Aizoon.

Harina de otro costal es el delito fiscal. La Sección Segunda incluye duras críticas al juez y a la propia Hacienda por no haber ahondado en su investigación, que sigue siendo «incompleta» para determinar si Cristina de Borbón pudo incurrir en un ilícito contra el fisco.

Castro ya ha ordenado a Hacienda que le remita las diez últimas declaraciones de renta del matrimonio. Si de esos documentos se desprendiera la posibilidad de que la infanta hubiese incurrido en un ilícito penal con Hacienda, defraudación de más de 120.000 euros, la Audiencia Provincial insinúa que reconsideraría su decisión de oponerse a la imputación de la hija del rey.

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