Rajoy impondrá el déficit asimétrico a las autonomías al no lograr el consenso
El Gobierno pide calma con la promesa de que las diferencias sólo serán este año.
Cristóbal Montoro tendrá una difícil labor en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Mariano Rajoy, pese a sus llamamientos conciliadores, da por descontado que no habrá consenso entre las comunidades sobre los objetivos de déficit e impondrá la fórmula de los techos asimétricos en cada territorio. El jefe del Ejecutivo, no obstante, hará un último intento y convocará a todos los barones del PP antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se convocará en junio o julio a más tardar. Mientras llega ese momento, la revuelta en las autonomías populares se extiende y Castilla y León y Cantabria se sumaron a las críticas a que Cataluña tenga un objetivo de déficit más flexible que otras comunidades. Pero «no hay un frente común», advirtió el presidente madrileño, Ignacio González.
Hacienda trabaja a toda marcha para buscar una fórmula de déficit que contente a todas las comunidades, pero los expertos del Ministerio han llegado a la conclusión de que en el contexto actual no se puede satisfacer a todas. El Gobierno, por tanto, hará valer su última palabra cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera aunque ello suponga contrariar a la mayoría de los gobernantes del PP.
En La Moncloa insisten en que la asimetría no supone una discriminación y recuerdan que España es una de las beneficiadas con la relajación de su déficit en la Unión Europea. Argumentan además que esta decisión no busca suavizar el pulso que mantiene con el Gobierno de Artur Mas por su proyecto soberanista, pero lo cierto es que Cataluña sería la comunidad más beneficiada con la receta de los déficit a la carta. Un informe de Hacienda establece que si la Generalitat tiene que cumplir con el 0,7% de déficit tiene que hacer un ajuste de 6.168 millones de euros, 1.600 más de los 4.500 millones que calcula el propio Ejecutivo catalán.
En cambio, un déficit del 2,1%, que es el mínimo que reclama la Generalitat, supondría un ajuste de entre 1.700 y 1.800 millones, que aún sería el mayor de todas las autonomías, pero en línea con los recortes de 2.000 millones practicados en 2011 y 2012. Unos razonamientos que, sin embargo, no convencen a los barones del PP. Si la víspera fueron los gobernantes de Extremadura, Galicia, Madrid y Aragón los que hicieron públicas sus quejas, ayer se sumaron los de Castilla y León y Cantabria.
En el Ministerio de Hacienda observan con preocupación la revuelta de los barones del PP. La contestación, dicen fuentes del departamento, pone en evidencia que cada comunidad quiere una fórmula que solo responda a sus intereses. Por ejemplo, Extremadura, que fue la comunidad con mejor comportamiento el año pasado, propone un modelo de premios y castigos para las comunidades que alcanzaron o no las metas del 2012. El departamento de Montoro ya ha dicho que no lo tomará en consideración.
Fuentes de Hacienda avanzaron, de todos modos, algunos criterios inamovibles que se trasladarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como que las asimetrías en el déficit se autorizarán este año, pero en ninguno más; y que no se va a permitir a ninguna comunidad tener unos desequilibrios en sus cuentas superiores a los del año pasado. Dos ideas en las que Hacienda ve posible el consenso.
Pero el problema de la revuelta de barones no lo tiene solo el PP, en el PSOE las posiciones también están divididas. El andaluz José Antonio Griñán defiende desde hace tiempo la tesis de los déficits asimétricos que ahora ha hecho suya el Gobierno. En cambio, el asturiano Javier Fernández es de los que piensa que los números rojos tienen que ser iguales para todos.