El Gobierno podrá destituir por ley a alcaldes rebeldes con los recortes

Tras ocho meses embarrancado en el Congreso, el proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno enfiló el camino de la aprobación antes de las navidades gracias al compromiso gubernamental de incluir en las obligaciones de información y publicidad a la Casa Real, los partidos y sindicatos y una larga lista de entidades privadas con notable financiación pública entre las que también estaría la Iglesia Católica.

Ahora, el consenso sobre la ley política más importante de la legislatura puede evaporarse si el PP no modifica lo puntos más polémicos. Socialistas y CiU se oponen a que el Ejecutivo, según el capítulo de buen gobierno, pueda destituir, inhabilitar o sancionar a alcaldes o altos cargos autonómicos que incumplan las exigencias de la ley y los planes de estabilidad presupuestaria. En el caso autonómico, creen que se invade el terreno competencial, y en el local, que se vulnera el principio democrático cuando se desaloja a un cargo público elegido por votación popular.

Silencio administrativo

Otro de los puntos de fricción es el de las limitaciones al derecho de los ciudadanos a realizar demandas personales de información a las administraciones y organismos. El PSOE reclama que se haga un uso flexible de los límites, vinculados a la seguridad, las relaciones exteriores, los datos personales o la preservación de investigaciones judiciales o administrativas, y, sobre todo, que cualquier denegación de información debe ser comunicada, estar motivada y ser publicada, lo que descarta el silencio administrativo que ahora contiene el proyecto como modalidad de rechazo a las peticiones.

En alto está también la exigencia de independencia del órgano que controlará que administraciones, instituciones y entidades cumplan con su obligación de publicar en el ‘portal de la transparencia’ toda su actividad. En esa página web deberán detallar presupuestos, organigramas, informes, subvenciones, contratos, agendas, convenios, incompatibilidades, sueldos, dietas o bienes. Otro escollo es el rechazo a que el ministro de Hacienda tenga potestad para destituir a alcaldes o sancionar a consejeros autonómicos. También existen discrepancias en la reclamación de que los incumplimientos de publicidad sean castigados, y el rechazo a que las demandas ciudadanas de información puedan decaer por mero silencio administrativo

El Gobierno se comprometió a estudiar todas las demandas de los partidos de la oposición, pero a nada más. La predisposición al diálogo puede ser suficiente para que PSOE, CiU y quizás PNV renuncien a registrar el martes enmiendas a la totalidad, algo que sí harán IU y UPyD.