El enigma de las cuentas del rey

La Casa Real estará en la ley de transparencia en igualdad de condiciones que el resto de las altas instituciones del Estado pero este acuerdo no cierra del todo la polémica porque aún no se sabe hasta dónde llegarán sus obligaciones de publicidad.

Se detallarán cuantas decenas de millones de euros gastan los ministerios en el mantenimiento de los jardines y palacios que usa la Familia Real, el coste de los viajes y actos oficiales, de su seguridad, de la Guardia Real o del parque móvil, entre otros. De igual manera, según el proyecto actual, la propia Corona deberá dar información más detallada que la que proporciona desde hace un año en su web sobre el uso que hace de la asignación gubernamental para el mantenimiento de su Casa, este año 7,9 millones, sobre los contratos y convenios que suscribe, sobre posibles auditorías e incompatibilidades, sobre retribuciones de altos cargos, o sobre cualquier otro elemento relevante de su actividad y uso del dinero público.

Ni idea de Bostwana

Así, quizá se pueda saber lo que el Rey gasta en almuerzos, recepciones o regalos a invitados, o lo que cuestan algunos gastos corrientes del palacio, por ejemplo electricidad o consumo de agua, pero nada dice la ley de que deba desvelar su patrimonio personal, exigencia a la que sólo están obligados los altos cargos de las administraciones y los concejales.

Tampoco está previsto por ahora que especifique la asignación que entrega a la reina, a la princesa Letizia o a las infantas. Eso sí, don Juan Carlos, de ‘motu proprio’, al igual que otras instituciones como el Congreso, puede decidir desvelar otra serie de gastos o bienes personales a lo que no está obligado por la ley de transparencia.

Lo que con seguridad no le impone la norma es que publicite sus gastos y actos privados o los de su familia. Con ley o sin ella, no se habría sabido que viajaba a un safari a Botsuana, porque no lo hacía como jefe del Estado y porque estaba invitado por un jeque árabe.