Silván elude responder al Ayuntamiento y defiende eliminar servicios «ineficientes»
El consejero insiste en que el autobús como alternativa es tan social como el tren.
Antonio Silván.
«Tan social es mantener un servicio como eliminar el que es ineficiente y pagamos entre todos. Eso es un ejercicio de responsabilidad», advirtió ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, en respuesta a la moción aprobada el pasado martes por unanimidad en el Ayuntamiento de León, en la que su propio partido, el PP, y la oposición del PSOE y la UPL exigieron a su departamento que «en caso de que el Ministerio no incluya las relaciones de trenes suprimidas como obligaciones de servicio público, sea la propia Junta de Castilla y León la que solicite su declaración, y asuma su financiación».
Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente rehusaron contestar directamente ayer a si la Junta asumirá ese coste del déficit, que afecta a las pequeñas estaciones y apeaderos, pero sí dejaron claro que «la reorganización ferroviaria responde a un diseño nacional. No confundamos los términos. Lo que es ineficiente para el Estado lo es para la Comunidad Autónoma y la Junta no va a fomentar la ineficacia».
«La Junta -añadieron desde la Consejería a este periódico- le preocupan las personas, no los servicios ineficientes y en todo caso la Junta garantiza la movilidad en el transporte de personas. Tan social es el ferrocarril como el autobús. Tan social es mantener un servicio como eliminar el que es ineficiente y pagamos entre todos. Eso es un ejercicio de responsabilidad».
En la moción aprobada en el Ayuntamiento de León, se denuncia que «la supresión de trenes de media distancia acordada por Renfe Operadora supone incumplir lo declarado en la propia norma, puesto que con esta decisión se vulnera el derecho a la movilidad de los ciudadanos, vivan donde vivan, ya que los habitantes de numerosos núcleos de población rural de la provincia de León, a pesar de contribuir con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos, en igual medida que los residentes en núcleos urbanos, verán dificultado su acceso a los mismos, en especial la sanidad y la educación, ya que a pesar de mantenerse la conexión ferroviaria en estas líneas, la reducción de frecuencias y paradas afecta fundamentalmente a los horarios de trenes utilizados habitualmente para acudir a centros médicos y educativos».
En la propuesta aprobada se exige también a Renfe el mantenimiento del empleo en León, tanto asociado al ferrocarril como los talleres, y se insta al Ministerio «a que contemple en la relación de obligaciones de servicio público ferroviario las relaciones de trenes de media distancia suprimidos en la provincia de León, en atención a garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos vivan donde vivan», se insiste.
La ministra de Fomento ya ha advertido que «cuando una comunidad autónoma quiere que un servicio, aunque sea infrautilizado, pueda seguir en vigor, siempre tiene esa posibilidad».