La juez de los ERE impone fianzas civiles de 410 millones a los detenidos

La juez instructora de los ERE ha fijado fianzas civiles de 410 millones de euros para nueve imputados a raíz de la operación Heracles, que puso al descubierto el negocio de las sobrecomisiones para las empresas mediadoras que gestionaron las prejubilaciones. La jueza Mercedes Alaya justifica las cantidades millonarias en que las pólizas de prejubilación se conviertieron en «un negocio enormemente rentable» para las mediadoras, que participaban en los expedientes elegidas arbitrariamente y que a cambio gratificaron «de manera continuada» a distintos intervinientes en las mismas, como sindicatos, el conseguidor Juan Lanzas o miembros de la administración autonómica, como el director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero.

Así, a los tres directivos de Vitalia, la entidad que según las diligencias de la Guardia Civil tramitó el grueso de los expedientes de regulación de empleo y cobró hasta 21 millones de euros en sobrecomisiones, les impone una fianza de 111,7 millones de euros a cada uno. Se trata de Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual.

Entre el resto de implicados se encuentran el responsable de la entidad en Andalucia, Jesús Bordallo, con 15,2 millones de euros; la mujer de Antonio Albarracín, el delegado comercial de Vitalia en la comunidad, con cinco millones de euros, y los familiares del conseguidor Lanzas. En este caso, Alaya fija las fianzas civiles en 14,7 millones de euros para su esposa, Patrocinio Sierra, ‘intrusa’ en uno de los ERE, y 1,9 millones para el hermano de ésta, Ismael Sierra, testaferro en el entramado de sociedades levantado para blanquear el dinero de las sobrecomisiones.