El juez investiga si el registro se equivocó con las fincas de la infanta

La polémica arrecia a la espera de que la Agencia Tributaria reconozca, o no, que cometió un error a la hora de imputar a la infanta la venta de 13 inmuebles y fincas entre 2005 y 2006. Aunque Hacienda ha hecho saber, de manera informal, a los responsables del caso Nóos que todo podría tratarse de una confusión con el inusual NIF de la duquesa y que está comprobando dónde puede estar el origen de este galimatías, el magistrado José Castro ha decidido investigar por sí mismo qué pasa con este asunto.

Castro, mediante una providencia, ha ordenado a los cuatro registros de la propiedad que inscribieron las transacciones bajo sospecha -Alicante y Pilar de la Horadada, en Alicante; Almagro, en Ciudad Real: y Arenys de Mar, en Barcelona- que le remitan de inmediato las hojas registrales en las que se hicieron constar las enajenaciones, así como toda la vida catastral de esas propiedades con los cambios de titularidad de cada una de ellas en los últimos años.

Según el informe de Hacienda, la hija menor de don Juan Carlos, solo meses después de la compra del palacete de Pedralbes en Barcelona en 2004 por 5,8 millones de euros, fue «transmitente» (vendedora) de 13 propiedades que le proporcionaron unos ingresos de 1.435.603 euros. Se trata, de acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción 3 de Palma, de fincas rústicas e inmuebles ubicados en las localidades alicantinas de Playa de San Juan, dos, y Pilar de la Horadada, cinco, en el pueblo ciudarealeño de Valenzuela de Calatrava, cinco, y uno en el municipio barcelonés de Calella. Esta última operación, afirma la Agencia Tributaria, habría sido la de mayor volumen de esos dos años, al vender la duquesa una casa de 315 metros cuadrados por 450.000 euros.

A última hora de la tarde, Hacienda admitió antes de entregar al juez Castro el informe solicitado sobre las propiedades de la infanta Cristina que no verificó la certeza de la información llegada de terceros, estos notarios y registradores de la propiedad de las localidades en las que se produjeron las supuestas compraventas de los inmuebles. Es decir, deja la pelota en el tejado de quienes levantaron las actas de las enajenaciones, y si existe un error éste será de ellos ya que Hacienda ejerció de mera correa de transmisión.

Los portavoces de la infanta insistieron ayer en que la hija menor del rey ni nadie de su entorno ha tenido jamás nada que ver con esas propiedades. El propio letrado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, se mostró tranquilo y aseguró que «todo es un error» y «no hay nada» de lo que afirma Hacienda.

Pero no solo el juez se movilizó para aclarar este entuerto, después de que varias de las personas que aparecen como «adquirientes» de los bienes reiteraran este lunes que no compraron a la duquesa de Palma los inmuebles y tierras manchegas, alicantinas y catalanas de los que habla la Agencia Tributaria. El fiscal del caso, Pedro Horrach, se puso ayer en contacto con los responsables de la Delegación Especial de Hacienda en Cataluña para que, cuanto antes, aclaren si todo se trata de un error. El propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, explicó que la acusación pública estudiará a fondo el informe de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo desconocer el contenido de ese dossier, pero se mostró dispuesto a dar explicaciones «en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error». Precisamente, IU y el PSOE, además de registrar varias preguntas parlamentarias sobre el asunto, pidieron ayer la comparecencia en el Congreso de Montoro y del presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferré, para explicar las «contradicciones» entre la información de Hacienda y la de Zarzuela.

Hacienda no descarta que los datos aportados al juzgado puedan ser erróneos, de hecho admite que no los verificó, y sus técnicos ya anticipan que, de haberse producido algún desliz, éste sería culpa de los registradores y notarios.