La Fiscalía rechaza que Aznar declare por los sobresueldos al no ser delito
Anticorrupción no ve «necesario ni útil» que el ex presidente explique si autorizó pagos.
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en una imagen de archivo.
La Fiscalía Anticorrupción cerró ayer la puerta a que el ex presidente José María Aznar declare como testigo en el caso por los papeles de Bárcenas, la causa que investiga la supuesta financiación irregular del PP. Aunque la decisión final será del juez, el fiscal Antonio Romeral dejó claro que el pago de sobresueldos en el PP «no revela a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución».
Este argumento del fiscal es demoledor para las acusaciones populares ya que no solo no ve delito en el pago de sobresueldos en el PP, que ascendió a 22,3 millones desde 1990 hasta 2011, sino que considera que el testimonio de Aznar «no resulta ni necesario ni útil» para el esclarecimiento de los hechos investigados al no aportar «ningún conocimiento adicional, relevante y necesario».
Esta decisión abre la puerta a que el fiscal también se oponga a que declaren tres de los secretarios generales del PP en los últimos 20 años, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, tal y como pidió la acusación representada por IU y la Asociación Libre de Abogados.
Para el fiscal Romeral, muy criticado por los querellantes por su pasividad, que Aznar cobrase 782.695 euros entre 1990 y 1996 en pagos complementarios no tiene «ningún reflejo» en los papeles de Bárcenas. Asimismo, tampoco consta que las entregas que aparecen en la contabilidad secreta a un tal ‘J.M.’ -1.530.000 pesetas (9.195 euros) entre abril y agosto de 1990- sean al ex presidente popular.
La acusación también solicitó que Aznar explicara ante el juez Ruz si autorizó el pago de 3.600 euros mensuales al ex consejero navarro Calixto Ayesa entre 1991 y 1995, tal y como aparecía en los manuscritos de Bárcenas y confesó ante el instructor el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo. Pero el fiscal responde que también «carecería de relevancia penal». Por último, Romeral aprovecha su escrito para criticar a Adade por apartarse de los hechos investigados.