Amoedo: «Sin el Procurador se limitan los derechos»
Amoedo, a la derecha, ayer en un acto de la Junta en la ciudad de León.
El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, mostró ayer su «respeto» hacia la «invitación» del Gobierno a que se suprima la figura de los Defensores del Pueblo como medida de ahorro. Sin embargo, señaló que «será la Junta la que, en su momento, deba tomar una decisión» al respecto. Dicho esto, defendió que se trata de una «institución importante», en la que no existe una «duplicidad de funciones» y que es «necesaria para la Comunidad».
Del mismo modo, Amoedo destacó que si el Procurador del Común desaparece, esto conllevará una «disminución de la defensa de los ciudadanos», que verán limitados «muchos de sus derechos». Además, afirmó que se trata de una institución «próxima», que acude «a todas las provincias» y que tiene abierta su sede «todo el día para atender las demandas de la gente».
En cuanto al presupuesto con el que trabajan, subrayó que este año es de 2,1 millones de euros. Una cantidad que indicó que «se ha rebajado un 38 por ciento aproximadamente» mientras que el volumen de trabajo continúa incrementándose. Según dijo, «este año hemos pasado ya de las 2.000 quejas sin haber llegado a mitad de año».
En el Procurador del Común trabajan diez asesores y funcionarios de las Cortes y de la Junta con destino en esta institución.
Supresión en Asturias
Por otro lado, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó ayer el proyecto de ley de supresión de la Procuraduría General, el Defensor del Pueblo autonómico, una institución creada en 2006 y cuyas funciones serán asumidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento regional.
La supresión de este organismo formaba parte del pacto de legislatura suscrito entre el PSOE y UPyD, pero fue el PP quien registró la proposición de ley para su eliminación ante la «tardanza» del gobierno asturiano para afrontar la reforma.