La juez imputa a la ex ministra Álvarez y otros 19 ex altos cargos por los ERE
El PSOE andaluz denuncia una «causa general» contra los Gobiernos de Chaves y Griñan .
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público estrechó el cerco contra el Gobierno andaluz al imputar a la ex ministra socialista de Fomento y ex consejera andaluza de Economía Magdalena Álvarez y a una veintena de altos y ex altos cargos de tres Consejerías del Ejecutivo autonómico, entre ellos el que fuera interventor general de la Junta hasta 2010 y al actual viceconsejero de Presidencia y número dos de Susana Díaz, la probable sucesora de José Antonio Griñán. La investigación se centra así de nuevo en el cuestionado sistema empleado para conceder ayudas a empresas en crisis, aunque los socialistas andaluces sostienen que se trata de una «causa general» contra los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Tras meses investigando el destino del dinero público y sus beneficiarios, desde los ‘intrusos’ incluidos en los expedientes de regulación de empleo a las mediadoras que tramitaban los expedientes previo cobro de comisión, la juez Mercedes Alaya vuelve a su pugna inicial con el Ejecutivo andaluz. «Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales (…) habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos», señala el auto.
En este sentido, Alaya sostiene que todos los nuevos imputados tenían «indiciario conocimiento» del uso «indebido» del sistema de ayudas a empresas en crisis mediante la fórmula de la transferencia de financiación, «y de los desfases presupuestarios que ello estaba generando». Como ya apuntó al inicio de la investigación, y ratifica ahora apoyándose en un informe de la Guardia Civil y el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, ese sistema no solo era ilegal, sino que además permitía el uso discrecional del dinero y eludir cualquier tipo de control o fiscalización
En este sentido, Alaya apunta directamente a Magdalena Álvarez, que en calidad de responsable de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 fue la encargada de «dictar las normas» en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación. También de aprobar las modificaciones presupuestarias que para esas ayudas se realizaron en los años previos al convenio marco. En este sentido, en un reciente auto la juez retrotraía la investigación a 1999 y solicitaba al Ministerio de Trabajo que informase sobre las competencias de las comunidades autónomas para conceder ayudas sociolaborales.
Magdalena Álvarez, actualmente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversión, se convierte así en el segundo consejero andaluz implicado en la trama tras el que fuera responsable de Empleo Antonio Fernández. Junto a ella, la juez implica a parte de su equipo directo, como su ex viceconsejero y número dos de entonces José Salgueiro. Álvarez fue sustituida en el puesto por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta y a quien la juez ha señalado ya en varios autos.
La decisión de Alaya de poner de nuevo en el punto de mira al Ejecutivo de Griñán coincide con la revolución interna que vive el PSOE andaluz. El vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jimenez, no dudó en relacionar ambos hechos y consideró que «empieza a ser ya intolerable la coincidencia entre la agenda política del PSOE-A y la instrucción» del caso de los ERE.
En este sentido, criticó, al igual que ha hecho el PP con el caso Gürtel, que se trata de una «causa general» contra los gobiernos de Manuel Chaves y el propio Griñán, por lo que instó a la Fiscalía a «reaccionar» ante «imputaciones sin sentido» dado que los últimos implicados son «servidores públicos» que se han limitado a «cumplir con la Ley del Parlamento».
