El Gobierno da vía para que León financie sus 14,7 millones del Palacio de Congresos
La flexibilización de las condiciones de devolución de deuda permiten al consistorio concertar el crédito.
El crédito posibilitará que el proyecto no se estanque a la espera de que la Junta cumpla con sus obligaciones y el Gobierno.
Con el «Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros» encima de la mesa, el Ayuntamiento de León se prepara para aplicar los beneficios. Unas medidas con las que la administración municipal podrá, una vez que se apruebe de manera definitiva la operación por parte del Ministerio de Hacienda, financiar los 14,7 millones de euros que le restan por aportar de su parte del Palacio de Congresos, Exposiciones y Recinto Ferial de León. Un dinero necesario para que no se estanque el proyecto, dado que a la sociedad gestora —en la que están incluidos el consistorio, la Junta y el Estado— tan sólo le quedan en caja 5 millones de euros para atender los 55,5 millones que hay todavía por delante para cerrar la infraestructura, cifrada en 79 millones de euros.
Las nuevas condiciones habilitadas por el Gobierno para dar aire a las finanzas municipales, lastradas por una deuda de 325,8 millones de euros, harán que el Ayuntamiento pueda cumplir con sus compromisos con el Palacio de Congresos, al que por ahora tan sólo había aportado 3.350.000 euros, debido a que los 6 millones de valoración del suelo no fueron pagados sino que se recibieron como compensación al renunciar al 10% de los aprovechamientos que le correspondían en los sectores urbanísticos anejos.
Una participación en el proyecto que hubiera sido muy difícil de afrontar sin las facilidades abiertas por el Gobierno: capacidad para alargar como mínimo a 20 años la refinanciación de los débitos pendientes que ahora vencían a la mitad; bajada de los tipos de interés al nivel en el que se financia el Tesoro Público, que en la actualidad es el 4,3%, lo que supone 1,1 puntos menos de lo que se paga por el ICO en vigor; y la extensión del plazo de carencia hasta mediados de 2016, en lugar de 2014 como estaba previsto, con el consiguiente alivio al no tener que empezar a amortizar el principal de la deuda hasta esa fecha y sólo cumplir con el pago de los intereses.
A la espera de la Junta
La vía dispuesta por el Gobierno también podrá ser aprovechada por la Junta para cumplir con el dinero que adeuda al proyecto, en el que sólo ha puesto 5 millones de euros después de cinco años. Una falta de cumplimiento en los compromisos reflejados en el convenio que hacen que el saldo pendiente de la administración autonómica sea de 25,5 millones de euros. Dinero que Hacienda está dispuesto a financiar a través de un ICO, como le confirmó al Ayuntamiento en la entrevista mantenida en abril con la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del ministerio, pero que depende ahora de que se pida desde Valladolid.
El gesto con el que la Junta debe reafirmar su compromiso con el proyecto, en el que hasta ahora el más responsable ha sido el Gobierno, que aportó ya 20,5 millones y le restan tan sólo 9,9 millones que se frenaron con la entrada del PP en el Ejecutivo central.
