La Junta pagará la defensa de los altos cargos imputados en el caso de los ERE
PSOE e IU rechazan celebrar un pleno en el Parlamento autonómico sobre la trama.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
La Junta de Andalucía, pese a ser acusación particular en el caso de los ERE, asumirá la defensa jurídica de sus altos cargos y funcionarios imputados la pasada semana que así lo soliciten, según explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno. Se trata de una opción recogida en el reglamento del servicio jurídico de la administración que solo afecta a aquellos cargos aún en activo.
No incluiría, por tanto, a la ex ministra Magdalena Álvarez. A la Junta no parece importarle que una actuación similar supuso la expulsión del PP del caso Gürtel, en el que también era acusación particular pero actuaba como defensor de Luis Bárcenas y otros imputados del partido. El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía establece que la institución podrá defender a las autoridades y personal de la administración en cualquier procedimiento judicial «siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores».
El portavoz de la Junta se mostró muy crítico con el último auto de la juez Alaya, que es «perfectamente recurrible» y que «parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal». Y aunque defendió el derecho de la administración a «hacer públicas sus discrepancias», apuntó que el Gobierno autonómico «quiere andar con pies de plomo» en este asunto y no recurrirá el auto judicial, dejará que sean los propios afectados quienes lo hagan.
En este sentido, los socios de Gobierno PSOE e IU adelantaron ayer su rechazo a que se celebre un pleno urgente y monográfico en el Parlamento para abordar de nuevo el caso ERE, como solicita el PP a raíz de las últimas imputaciones.
La Fiscalía de Sevilla, entretanto, solicitó a la juez que fije cuanto antes un «calendario razonable» de declaraciones para los últimos imputados. De momento, Alaya solo ha fijado la comparecencia del ex interventor Manuel Gómez para el 25 de julio. El Ministerio Público ya ha expresado en otras ocasiones su rechazo a que la causa acumule imputados que aguardan desde hace tres años para declarar, por lo que subraya la necesidad de «avanzar en la instrucción garantizando los derechos y garantías de todos los imputados». Por ello, instó a la juez a que «dada la complejidad y extensión del caso» no solo acelere las diligencias sino que además acepte la ayuda del juez de refuerzo, rechazada de plano por Alaya.