El pederasta disfrutará de los beneficios penitenciarios de la legislación española
Protesta en Casablanca en contra del indulto a Galván.
El pederasta Daniel Galván Viña, que el martes ingresó en prisión provisional por riesgo de fuga, podrá acogerse a los beneficiarios penitenciarios que regula la legislación española si al final, como todo parece indicar, cumplirá en territorio nacional los 27 años y tres meses de pena que le restan de la condena impuesta por un tribunal marroquí por abusar de once menores
Galván Viña, de 64 años, que se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) en condiciones especiales dada la gravedad de sus delitos, pasará a todos los efectos a ser un recluso tutelado por la Justicia española cuando se resuelve el embrollo que provocó el indulto concedido por error por el rey Mohamed VI, y que cinco días después anuló.
Los trámites administrativos ya están en marcha y pese a que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dio a las partes 40 días para presentar los informes preceptivos para resolver su extradición, tal y como pide Marruecos, «se agilizarán los tiempos» para poner fin cuanto antes al escándalo del caso, según aseguran fuentes jurídicas. Dado que el convenio bilateral prohíbe la extradición de nacionales, y Galván Viña tiene pasaporte español, la solución pasa por aprobar el traslado solicitado por el reo antes de ser indultado.
La siguiente condición es que la autoridad judicial marroquí dé su visto bueno al expediente y después lo apoye el Ministerio de Justicia español. Para ello se reunieron el martes delegaciones de ambos países en Madrid. A pesar de que este proceso suele durar aproximadamente un año y medio, en el caso de Galván, dada su particularidad, será muy inferior, ya que las partes dependen también del plazo que ha marcado el juez de la Audiencia Nacional para resolver la extradición: 40 días en un principio, pero si el caso llega a la Sala de lo Penal otros 40 días más.