El Gobierno busca frenar el negocio gibraltareño de las gasolineras flotantes
Cañete asegura que a España «no le temblará el pulso» ante las amenazas de Londres.
Las retenciones volvieron a reproducirse en el acceso a Gibraltar.
La amenaza lanzada el lunes por Gran Bretaña de que iniciará acciones legales contra España por los controles policiales en torno a la verja de Gibraltar recibieron ayer respuesta por parte del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó que al Ejecutivo «no le temblará el pulso ante las amenazas del Reino Unido». A modo de ejemplo avanzó la primera de las medidas que, según anunció con anterioridad el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, piensa aprobar el Gobierno como respuesta al lanzamiento de 70 bloques de hormigón por parte de las autoridades del Peñón a las aguas de la bahía de Algeciras que ambas partes se disputan.
En una reunión con representantes del sector pesquero en la localidad gaditana de Barbate, Arias Cañete apuntó que se endurecerá la ley para poner fin al negocio de las gasolineras flotantes en torno a las aguas del Peñón. Esta práctica, denominada ‘bunkering’, consiste en el suministro de combustible desde barcos fondeados en las proximidades de la colonia a los cerca de 90.000 buques que al año cruzan el Estrecho. En base a la legislación fiscal gibraltareña, el carburante vendido no está sujeto al IVA ni otros impuestos que España impone a la gasolina, con lo que el precio es considerablemente más barato.
España, que ha venido denunciando el ‘bunkering’ durante años, estima que el traspaso de combustible se desarrolla en aguas soberanas sin el correspondiente pago de impuestos a la Hacienda española. A ello se suma que el suministro en alta mar supone un serio riesgo para el medio ambiente ante la posibilidad de que se produzca un vertido.
El ministro no especificó en qué consistirá este endurecimiento de la legislación contra el ‘bunkering’ más allá de que conllevará un incremento de las sanciones. En lo que sí insistió Arias Cañete es en que Reino Unido «tiene la responsabilidad de restablecer el orden jurídico alterado por la decisión unilateral de Gibraltar» de lanzar al mar «aberrantes» bloques de hormigón. Cañete también personalizó la situación de crisis en el actual ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, al señalar que «nunca hasta su llegada ha habido problemas».
El Gobierno gibraltareño tampoco tardó en responder a la intención española de acabar con el repostaje en alta mar. En un comunicado afirmó que «no se tolerará ningún intento de interferir en la legalidad de operaciones de ‘bunkering’ dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar». Las autoridades de la colonia se escudan en que dichas operaciones se encuentran amparadas por la legislación gibraltareña en la que se contemplan todos los requisitos impuestos por la Unión Europea para llevarlas a cabo.