Diario de León

El juez Ruz vuelve al trabajo con la citación del presidente sobre la mesa

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a. azpiroz | (colpisa) madrid

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Al juez Pablo Ruz le aguarda un exigente regreso de vacaciones. A partir de mañana, el magistrado deberá decidir sobre algunos de los asuntos más delicados que giran en torno al caso Bárcenas, la supuesta contabilidad B del Partido Popular y los posibles sobresueldos que durante años habrían cobrado sus dirigentes en dinero negro.

Entre todos los deberes pendientes del magistrado el que sin duda se presenta más espinoso es la petición formulada por las acusaciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Manos Limpias para que llame a declarar en calidad de testigo a Mariano Rajoy.

Luis Bárcenas aseguró el pasado 15 de julio ante Ruz que entre 2009 y 2010 entregó personalmente al presidente del Gobierno y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, un total de 95.000 euros procedentes de la ‘caja B’ del partido. Como consecuencia de esta acusación tanto Adade como Manos Limpias consideraron que «resulta obligado que se convoque al presidente a presencia judicial para confirmar o no tales extremos». De hecho, Cospedal ya tuvo que declarar el pasado 14 de agosto en la Audiencia Nacional, donde negó haber recibido jamás cualquier cantidad de dinero por parte de Bárcenas.

Difícil de reparar

De acceder a la solicitud, Ruz no solo obligaría al jefe del Ejecutivo a responder a preguntas de un asunto que ha esquivado desde su comparecencia ante el pleno del Congreso del pasado 1 de agosto, sino que además su imagen sentado ante un juez supondría un daño muy difícil de reparar para su prestigio.

Además de Rajoy, y tras haber tomado ya declaración a la actual secretaria general y dos de sus antecesores en el cargo, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, el instructor también deberá decidir si cita a otros cargos del PP. Entre ellos, Álvaro Lapuerta, quien ejerció como tesorero del partido entre 1993 y 2008. En el PP causa especial inquietud el testimonio que pueda ofrecer al juez quien durante 15 años fue amo y señor de las finanzas de la formación y que mantenía bajo su control las donaciones de las que supuestamente provendrían los sobresueldos.

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