La juez de los ERE investigará también el desvío de fondos públicos en UGT
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía será también la encargada de investigar el supuesto desvío de fondos públicos por parte del sindicato UGT a través de facturas falsas presentadas a la administración autonómica y pagadas para financiar actos internos de la central sindical.
Fuentes del decanato de los juzgados de Sevilla explicaron que la nueva línea de investigación corresponde a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en agosto por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso «indebido» de fondos destinados a formación para desempleados para gastos internos de UGT.
Las fuentes consultadas señalaron que aunque la denuncia recayó en el juzgado de instrucción número 9 de la capital hispalense, el titular de éste elevó una consulta que ahora se ha resuelto de forma positiva al entender que dichos hechos tenían conexión con los que ya investigaba la juez Mercedes Alaya a raíz de la Operación Heracles, que puso al descubierto el pago de sobrecomisiones a mediadoras y conseguidores por participar en la tramitación de las ayudas a empresas en crisis. Parte de ese dinero acabó, según los autos judiciales, en el entorno sindical.
Precisamente, el sindicato Manos Limpias ha formulado este miércoles su novena ampliación de denuncia contra UGT-A, en la cual vuelve a pedir que, como medida cautelar, se acuerde la suspensión del sindicato.
Otras causas
La decisión del Decanato se produce justo cuando desde altas instancias judiciales e incluso desde la esfera política se ha criticado la lentitud de algunas macrocausas, planteando incluso la posibilidad de establecer plazos en las investigaciones. Precisamente la juez que asumirá estas diligencias es responsable de varias causas de gran amplitud, como el caso de los ERE fraudulentos, Mercasevilla o el delito societario en el Real Betis Balompié. Alaya fue criticada el martes por la Fiscalía Anticorrupción a causa de las dilaciones en la investigación.