El caso Malaya concluye con penas muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía

La Audiencia Provincial de Málaga puso ayer negro sobre blanco su «convicción» de que «un sistema de corrupción generalizada» se instauró en el Ayuntamiento de Marbella de la mano de Juan Antonio Roca. Un asesor de Urbanismo que se hizo con el poder político de la ciudad gracias a la compra de voluntades de un equipo de gobierno dispuesto a hacer la vista gorda a cambio del dinero que ofrecían constructores y promotores que querían hacer un urbanismo a la carta en plena burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol.

La sentencia del denominado caso Malaya, que pone fin al quizás mayor escándalo de corrupción urbanística y política registrado en el país, se ha saldado, sin embargo, con penas muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción debido a la dificultad de probar los hechos. El peso de la sentencia ha recaído sobre el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, y lo que el tribunal ha considerado su núcleo duro, compuesto por el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, responsable de montar el entramado societario que permitió blanquear el dinero, el contable Salvador Gardoqui, el hombre de confianza para todo, Oscar Benavente, ya condenado en 2006 por ayudar a encubrir el accidente mortal del bailaor Farruquito, y la encargada de gestionar el vasto patrimonio inmobiliario del jefe, Montserrat Corulla, cuyas relaciones con el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, fueron sacados a relucir por el ex ministro de Industria Miguel Sebastián durante la batalla de las municipales en 2007, y que ayer fue condenada a cuatro años de cárcel.

Pruebas

La principal prueba de cargo para condenar a Roca fue la exhaustiva contabilidad que llevaba el ex asesor de Urbanismo de lo que consideraba su negocio, y que fue intervenida a su contable durante la detención.

En esos documentos, a modo de caja única, figuran con iniciales todas las entradas de dinero procedente de empresarios y constructores «donantes», y las salidas mediante pagos a concejales. La confesión del ex asesor urbanístico dando veracidad a esos apuntes y el reconocimiento del propio contable, que cuestionó la necesidad de recogerlas si no fueran reales, permitieron a los investigadores resolver las incógnitas y poner cara a las iniciales y, por tanto, a los implicados.

De esta forma, el fallo subraya que la organización orquestada por Roca acabó teniendo a los concejales «en nómina». El problema, no obstante, ha radicado en la dificultad de identificar los hechos concretos, es decir, vincular las aportaciones de los empresarios con resoluciones concretas, de ahí que no se haya podido concretar mejor el delito de cohecho y, en aplicación del principio de in dubio pro reo (en caso de duda a favor del reo), se haya impuesto a los concejales la menor pena posible por este ilícit

Así, la mayor parte de ellos han sido condenados a dos años de cárcel, que deberán cumplir porque muchos están inmersos en otros procesos judiciales, y multas como máximo 380.000 euros, aunque el fallo recrimina duramente a los ediles su «dejadez de funciones» y que ejercieran el cargo público desde «la ignorancia» y como «quien pasa por allí».