UGT dice que un sabotaje dificultará esclarecer el escándalo de las facturas
La federación andaluza denuncia que tres trabajadores borraron 1.750 archivos.

El secretario de Organización de UGT de Andalucía, Manuel Ferrer.
Varios trabajadores con acceso a la documentación más sensible de UGT Andalucía realizaron entre enero y junio de este año un borrado de al menos 1.756 archivos informáticos de los ordenadores del sindicato, según denunció ayer la dirección de la organización. Aunque todavía no saben precisar el alcance del material eliminado, sí que han adelantado ya que los documentos desaparecidos pueden dificultarles esclarecer el caso de las supuestas facturas falsas endosadas a la Junta de Andalucía para pagar gastos internos y de ocio.
La denuncia la formuló ayer el secretario de Organización, Manuel Ferrer, al frente del sindicato tras la dimisión el pasado viernes del secretario general autonómico Francisco Fernández Sevilla, quien reconoció que esto daña aún más su imagen ante la opinión pública al sonar a excusa. «Pero es la verdad», aseveró. Según la empresa que ha descubierto el sabotaje, los documentos son irrecuperables. Además, indicó que desde los ordenadores también se han hecho copias de otros 22.400 archivos, algunos de los cuales, sospechan, son los que se han ido filtrando en los últimos meses a los medios de comunicación y provocado la mayor crisis en la organización desde los años ochenta. «No sabemos a ciencia cierta qué documentos son», explicaron ayer desde el sindicato, «lo iremos viendo a medida que vayamos buscando».
El sindicato aún no ha puesto el caso en manos de la Policía, aunque sí tiene identificados a tres sospechosos. Según señaló Ferrer, se trata de trabajadores y ex trabajadores a los que ya se ha abierto expediente, aunque en dos de los casos se ha tenido que concluir con una simple amonestación por falta de pruebas. Desde que comenzaran a salir a la luz pública las supuestas irregularidades contables, desde la central apuntaron a personas que se habían llevado documentación y lo atribuyeron al descontento por los 163 despidos del ERE que acometió el sindicato en 2012. Un reajuste de plantilla que fue anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia Andaluz y que se repetirá el próximo año, según confirmó Ferrer.
Desde UGT Andalucía aseguraran ser conscientes de que la desaparición de esos documentos, que Ferrer llegó a asemejar con el borrado de los discos duros de los ordenadores del PP en el caso Bárcenas, dificultará la investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gastos internos que realiza tanto el sindicato como la Junta. Confían en que haya copia en papel en los archivos generales, lo que solo ralentizaría el proceso.
Ferrer y otros miembros de la ejecutiva defendieron ayer la legalidad de las cuentas de UGT Andalucía y dijeron que se trata de «errores puntuales» que se han ido solucionando sobre la marcha.