La oficina antidesahucios de la Junta atiende a cien familias de León

«Hemos rescatado a los bancos con nuestro dinero, ahora es el momento de los hipotecados», afirma Victoria Gurpegui, una mujer que estuvo a punto de perder su vivienda y la salvó. No encontró una solución mágica. Rebuscó en los boletines oficiales y encontró «códigos de buenas prácticas y leyes que obligan a las entidades bancarias a aplicar moratorias de hasta cinco años con cuotas insignficantes», explica.

En verano firmó una novación del crédito hipotecario —registrada ante notario y elevada el registro de la propiedad— y ha pasado de verse al borde de no poder pagar los 420 euros mensuales de su hipoteca a conseguir una cuota de 37 euros al mes en este quinquenio de tregua. Además, ha ampliado el período de amortización de 25 a 35 años. «Cuando vuelva a pagar, la cuota será más barata», precisa.

La legislación para deudores en riesgo de exclusión social obliga a los bancos a conceder moratorias cuando las personas acrediten que los ingresos de la unidad familiar afectada por la hipoteca no superan los 1.597 euros al mes y la cuota hipotecaria es de alrededor de la mitad de estos ingresos.

Victoria Gurpegui trabajaba en una notaría y es una de las miles de leonesas afectada por un expediente de regulación de empleo. Se quedó en la calle, pero no se resignó y salvó su techo. «No hay que esperar a que se inicie el desahucio», advierte.

Victoria Gurpegui acaba de fundar la asociación «Salva tu hogar» para ayudar a personas que están en riesgo de perder su vivienda, como le ocurrió a M. V. y su marido, un matrimonio de un pueblo del sur de León que avalaban a su hija y estuvieron a punto de perder la casa, su vivienda habitual.

Su caso es uno de los primeros que ha tramitado la nueva asociación. «Sí se puede y se debe», recalca Gurpegui. «Salva tu hogar» abre un nuevo frente en la batalla contra los bancos y los desahucios. Primero fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios, en León, y ahora incluso la administración ayuda a las familias en riesgo de desahucio a salvar sus casas.

La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León ha atendido en León a un centenar de personas con su nuevo plan, de los que se han concluido el 50% y se han encontrado salidas en el 85% de los casos. Las fórmulas que se están acordando son tanto la dación en pago como diferentes formas de reestructuración de la deuda con las entidades bancarias y también en ocasiones la moratoria de la hipoteca.

La dación en pago, que se vio como una salida para las personas que no podían hacer frente a la hipoteca, se empieza a perfilar como una opción no tan ventajosa, puesto que en ese caso «se pierde la casa y prácticamente toda posibilidad de volver a comprar una vivienda», apunta Gurpegui.

El servicio creado por la Junta contempla tres tipos de actuaciones: de carácter preventivo, para personas que se encuentren en situación de sobreendeudamiento y en riesgo de insolvencia mediante el Plan de Economía Familiar; de interlocución, para personas en riesgo de ejecución hipotecaria, mediante el apoyo a la elaboración de propuestas de planes de reestructuración de la deuda; y de carácter paliativo, para personas en situación de lanzamiento hipotecario, bien a través de las prestaciones sociales, programas de apoyo a familias, protección a la infancia, renta garantizada o de la búsqueda de alojamientos alternativos en situaciones de emergencia

Además, la consejara de Familia, Milagros Marcos, ha firmado un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para facilitar informes sociales a los juzgados en los casos de desahucios. La escalada de ejecuciones hipotecarias, en la que León ocupa el puesto trigésimo quinto siendo la trigésimo primera en cuanto a población, ha llevado a activar medidas políticas y a una lucha activa frente a los bancos.

El impacto de los impagos hipotecarios fue especialmente crítico en los años 2009 y 2010, según los datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que lidera Ada Colau. Es decir, que mientras Zapatero afirmaba que no había crisis, mucha gente se estaba quedando en la calle en total silencio.

En el 2012, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en primera instancia alcanzó la cifra de 65.778 expedientes, se materializaron 38.976 y se firmaron un total de 14.229 daciones en pago en toda España, según datos del Colegio Oficial de Registradores.

El informe monográfico, que se ha realizado por primera vez, apunta que en León se iniciaron el año pasado un total de 520 ejecuciones hipotecarias, se adjudicaron 285 y se firmaron en las notarías un total de 78 daciones en pago. Es la segunda provincia después de Valladolid, que alcanzó los 680 expedientes en primera instancia y al mismo nivel que Salamanca, que también registró 520 casos. El número de adjudicaciones y de daciones en pago ha sido muy superior en Salamanca que en León. En la provincia charra se adjudicaron 302 hipotecas y se firmaron 101 daciones en pago, casi el triple que en León.

El Colegio de Registradores advierte de que estos datos hay que verlos en relación al número de hipotecas suscritas en los años anteriores, en torno a 100.000 en León en los últimos diez años. Según las cifras del Banco de España, la morosidad en los créditos hipotecarios subió en el tercer trimestre de 2012 a su máximo histórico, el 3,63% en el caso de los particulares, lo que se considera «un porcentaje muy pequeño en relación a las hipotecas concedidas».

Dramas personales

Los datos revelan que «existe un problema grave» por «su profundo impacto social», pero «minoritario en el mercado hipotecario, que funciona con absoluta normalidad en el 96% de los casos» pese a que el país vive inmerso «en una crisis económica de una envergadura desconocida desde hace muchas décadas», valora el Colegio de Registradores.

El informe recalca que el volumen de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y adjudicaciones «son pequeños en términos macroeconómicos en relación al número de hipotecas suscritas en los años anteriores, si bien no pueden ser nunca minusvalorados por llevar aparejados dramas personales para los millares de deudores afectados que merecen sin duda la máxima atención de los responsables públicos».

Primera vivienda

Prueba del impacto que tienen las ejecuciones hipotecarias es que la mayor parte se realizan sobre la primera vivienda, es decir, sobre los hogares de las personas afectadas. En concreto, el 85,3% de los procedimientos iniciados son sobre la primera vivienda y lo mismo sucede con el 79,6% de las adjudicaciones y el 83,4% de las daciones en pago. En Ávila se dio el caso, único en España, de que el 100% de las viviendas entregadas como dación en pago eran primera vivienda.

Asimismo, el informe del Colegio Oficial de Registradores desvela que la población extranjera no es la más afectada en el inicio de los expedientes (7,2%) pero alcanza el 48,2% en los procesos de dación en pago (lo que la sitúa por encima de la medida estatal) y el 14,8% en las adjudicaciones.

Población extranjera

Ecuatorianos, marroquíes y rumanos son los más afectados, seguidos por el conjunto de nacionalidades latinoamericanas y por los británicos. La presencia de esta nacionalidad guarda relación con el alto número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la franja mediterránea que es, por detrás de Madrid y Barcelona, la zona más afectada.

En este contexto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha parado en España más de 800 desahucios y realojado a más de 700 personas. Actualmente da la batalla por el alquiler social al que están obligadas las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución Española.

En la provincia de León la Junta cuenta con 20 viviendas públicas, pero la mayoría están en condiciones inhabitables. La fundadora de «Salva tu hogar» defiende que «hay que dar la batalla por no perder la vivienda, aunque no sea fácil» y es partidaria de buscar todos los resquicios legales que amparan a familias numerosas, con hijos menores de tres años y familias monoparentales con dos hijos, así como personas con dependencia o discapacidad. En estos casos, los baremos de ingresos suben hasta 2.132 euros por unidad familiar.

Con el banco no se habla

La legislación para deudores en riesgo de exclusión social se ha intensificado a lo largo del 2012 y del 2013. «Lo importante no es ir a hablar con el banco, porque normalmente no te escucha nadie y es frecuente que te humillen, lo importante es reunir toda la documentación y presentarla, pueden intentar alargarlo, pero están obligados», insiste.

Desde que fundó la asociación hace dos meses ha atendido una decena de casos y alguno, como el de M. V., ya está en fase de resolución. «Salvar tu casa es mucho mejor que la dación en pago y el alquiler social», concluye Gurpegui. «Me impactó muchísimo ver a personas en Cruz Roja y en Cáritas que lo han perdido todo, ya excluidas».