Aumenta la lista de condenados por corrupción que quieren aplazar su entrada en prisión

. La treta de solicitar que se pare la ejecución de la pena mientras se tramita su indulto se hace común.

El expresidente del Sevilla, José María del Nido.

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m. balín | (colpisa) madrid

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La lista de condenados por corrupción que quieren aplazar a toda costa su inmediato ingreso en prisión crece y crece. La treta legal de solicitar la paralización de la ejecución de la pena mientras se tramita su indulto se ha vuelto moneda común para ganar tiempo. El proceso suele alargarse entre tres y diez meses hasta que el Gobierno, con los informes preceptivos, que no vinculantes, de los órganos judiciales, toma una decisión definitiva sobre el particular.

No tiene que sorprender, por tanto, que personajes como el expresidente del Sevilla F.C., José María del Nido, o el expresidente de Baleares y exministro de Aznar, Jaume Matas, ambos condenados a siete años y nueves meses de cárcel, respectivamente, por delitos de corrupción, quieran comer en casa el turrón de Navidad y las uvas de Nochevieja.

O que el exalcalde del municipio alicantino de Torrevieja y diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, haya conseguido la pasada semana que el Tribunal Superior de Valencia, que le condenó a tres años de cárcel, aplazara su entrada en prisión mientras se resuelve su indulto, una petición rubricada por 45 compañeros de la bancada popular para enfado del presidente de la Generalitat Alberto Fabra.

Y también que el principal acusado del caso Ballena Blanca, el abogado Fernando del Valle, admitiera el jueves pasado que se está «preparando» para ingresar en prisión después del varapalo de la Audiencia de Málaga, que desestimó el intento de aplazar la ejecución de su pena por la mayor operación contra el blanqueo de capitales del país, destapada en 2005 en Marbella. Del Valle fue condenado a cinco años y medio de cárcel por blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, y a pagar una multa superior al millón de euros. La sentencia fue confirmada por el Supremo. Pero la jugada del abogado para eludir la cárcel en tanto el Gobierno decide su petición del derecho de gracia no ha prosperado. Y una celda de 12 metros cuadrados le aguarda por año nuevo.

Hasta el torero José Ortega Cano, condenado a dos años y medio de cárcel por los delitos de homicidio y contra la seguridad vial por conducir borracho, se plantea solicitar el perdón al Consejo de Ministros para eludir el centro penitenciario.

Estos casos ejemplifican el derecho de los condenados a eludir de forma provisional su entrada en la cárcel. Está recogido en el artículo 4.4 del Código Penal.

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La tramitación de estos indultos será una patata caliente para el Gobierno y la prueba del algodón para la sinceridad de sus medidas contra la corrupción.