Aguirre declara que Lapuerta informó a Rajoy de dos ‘pelotazos’ urbanísticos
Se desvincula de los 686 contratos que su gobierno contrató con la red de Correa.
Esperanza Aguirre el día que declaró por escrito en relación con el caso Gürtel.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, que a finales de 2004 acudió a una reunión en la sede nacional del PP con el extesorero Álvaro Lapuerta y el entonces presidente del partido, Mariano Rajoy. En aquella cita, Lapuerta, que está imputado en la causa de la supuesta contabilidad B del PP, les informó de dos posibles pelotazos urbanísticos en los municipios madrileños de Majadahonda y Arganda del Rey, que después acabarían siendo investigados por su relación con la trama corrupta liderada por Francisco Correa.
Aguirre detalló en su declaración por escrito y como testigo realizada este martes en su oficina de la calle Génova 13 que la conversación se produjo «en el despacho de su presidente, Mariano Rajoy». Entonces Lapuerta les advirtió que los dos ayuntamientos pretendían vender unas parcelas edificables a precio tasado, más barato, y no mediante la fórmula de subasta, más caro, «ya que la ley había cambiado».
«La advertencia del tesorero», afirmó Aguirre, «iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado». Asimismo, añadió que Lapuerta también les dijo que podría haber impugnaciones de los licitadores porque los criterios de adjudicación «pudieran no ser suficientemente objetivos».
El contexto de la reunión relatada por Aguirre parte de la pregunta que le formula una acusación popular personada en el caso Gürtel, el Partido Socialista de Madrid. La cuestión versa sobre si la presidenta conocía el gran ‘pelotazo’ urbanístico que la trama corrupta dio en Arganda del Rey, en la que uno de los exdiputados autonómicos del PP imputados, Benjamín Martín Vasco, favoreció la adjudicación de una parcela por 77 millones a Martinsa-Fadesa, la empresa presidida por Fernando Martín, también imputado. A cambio, la red de Correa se llevó una comisión de 12 millones.
Como es lógico, Aguirre dice que se enteró por vez primera de ese gran negocio urbanístico en la reunión con Lapuerta y Rajoy, a la que ella acudió como presidenta del PP de Madrid. Que antes no conocía nada y que tras la cita se reunió con el entonces alcalde de Arganda, Ginés López, para pedirle una explicación, y éste le dijo que la parcela ya estaba adjudicada a precio tasado y de forma «absolutamente legal». Es decir, un tercio menos del precio de mercado. La misma respuesta le dio Martín Vasco.
Infraestructuras
En los 48 folios de declaración de Aguirre, la única pregunta que reformula el juez Ruz tiene que ver precisamente con este asunto. El instructor le pregunta si el extesorero Luis Bárcenas, como aseguró en sede judicial, estuvo en aquel encuentro en el despacho de Rajoy. «A mí me llamó Álvaro Lapuerta, no recuerdo si estaba presente Bárcenas, pero es posible. Pero el que habló fue Lapuerta», declaró Aguirre. La expresidenta no dice si Rajoy comentó algo o qué hizo ante esa información.
El interés del juez Ruz, quizá, versa en el hecho de saber qué hacían Lapuerta y Bárcenas, imputados en la pieza de la contabilidad B, en un encuentro para hablar de dos operaciones urbanísticas de municipios madrileños, ya que ellos se encargaban, a priori, solo de la tesorería. Y la respuesta, según fuentes jurídicas, pueda estar en la línea de investigación que sigue el instructor sobre la posible existencia de una comisión de infraestructuras en el PP, liderada por Lapuerta, y que se ocupaba de tratar los contratos de empresas con administraciones gobernadas por los populares. Aunque la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho que nunca ha existido esta «comisión fantasma».
Respuestas
Sobre el resto de su declaración, Aguirre se desvinculó de los 686 actos que su Gobierno contrató con empresas de la red Gürtel entre 2004 y 2008 por 6,48 millones de euros. Dijo que las contrataciones partieron de su exconsejero Alberto López Viejo, imputado por percibir comisiones ilegales de la trama, y de otras consejerías, pero que ella no sabía «absolutamente nada». Una línea evasiva que siguió en la mayoría de las 170 preguntas formuladas, que respondió con «no», «no sé nada», «ni idea» o «ya se lo he dicho».