Los presos etarras más irreductibles aceptan el sistema judicial español
En un comunicado insisten en el carácter político de la banda armada.

Miembros de la AVT durante la manifestación celebrada ayer en Mondragón.
ETA pierde su última batalla, la de las cárceles. Dos años y dos meses después de que la banda anunciara el alto el fuego definitivo, el ‘frente de makos’, el colectivo de presos etarras más irreductibles y siempre fieles a las consignas de la organización, da su brazo a torcer. O lo que es lo mismo, tal y como exigía el Gobierno para siquiera estudiar la posibilidad de algunos acercamientos, los reclusos irredentos anuncian con un comunicado que aceptan las normas de Instituciones Penitenciarias y del sistema judicial español. Aunque eso sí -y no lo ocultan-, solo para acceder a posibles beneficios carcelarios que les aproximen a la libertad o, al menos, a prisiones del País Vasco y Navarra.
Lo que no contienen los dos folios de declaración y vídeo del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vasco (EPPK, por sus siglas en euskera) es la palabra «perdón» a las víctimas de sus atentados, otra de las exigencias anunciadas por el departamento que dirige Jorge Fernández para su plan de reinserción de etarras presentado en abril de 2012. Tampoco una declaración explícita de que los presos reniegan de su pasado terrorista, otra de las condiciones ‘sine qua non’ de Interior para estudiar acercamientos, siempre individualizados.
Lo más parecido a ese perdón o a renegar de su actividad en ETA es que el EPPK «reconoce» con «toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados». Es más, anuncia su renuncia expresa «al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos».
Se trata de dos frases que, si bien no tienen precedentes (pues la banda no había reconocido con tanta claridad el dolor provocado por sus atentados), se enmarcan en la retórica habitual de la izquierda abertzale. La de equiparar la violencia terrorista con la ejercida por el Estado como respuesta al terror.
De hecho, la declaración aprobada por el colectivo, amén de abundar en la «imposición y represión» por parte de Madrid, insiste en sus reiteradas denuncias de torturas y la política carcelaria de la dispersión para reclamar que «los procedimientos judiciales sean revisados y evaluados, y reparado el daño causado».
Todos los analistas de Interior interpretaron el anuncio del EPPK como una «derrota» del sector más duro de ETA frente a sus propios presos, ante la evidencia de que no va a haber trato de favor alguno por el fin de la violencia. No obstante, esa expresión («daño multilateral») es la que hace que los responsables del Ejecutivo vean en la declaración conocida este sábado «un movimiento mucho más táctico, que sincero».
De hecho, el texto de los presos no oculta que el horizonte final es su «vuelta a casa», aunque ésta se produzca de «manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial».
Y los presos, lejos de mostrar ese arrepentimiento que exige el denominado ‘plan Fernández’ para los anhelados acercamientos, insisten en presentar los atentados como forma de acción política. Así, dicen que «asumen» la «responsabilidad sobre las consecuencias derivadas» de «su actividad política en el conflicto». Es más, el EPPK hace un llamamiento a la ciudadanía y a los agentes sociales para «buscar un consenso» que posibilite su «regreso a casa» enmarcado en un «proceso integral» que «no ponga en cuestión» la «dignidad política» de esos presos.