Las ‘Choisir’ de León

«Ante una maternidad no deseada, aborto libre y gratuito». La pancarta va firmada por la asociación leonesa de mujeres Flora Tristán y da varias vueltas a la plaza de Santo Domingo. Finaliza en la plaza de San Marcelo, frente al Ayuntamiento. No hay policías. Es jueves, 25 de octubre de 1979. Aquí comienza la lucha en la calle por el derecho al aborto en León.

Las teclas de la máquina de escribir golpeaban el folio blanco y lo iban rellenando de tinta negra con las palabras de la abogada Cristina Alberdi. Once mujeres iban a ser juzgadas en Bilbao el 26 de octubre por «haber realizado prácticas destinadas a producir la expulsión de fetos» y por haberse sometido «voluntariamente» al aborto.

El juicio de Bilbao fue el detonante de la primera movilización leonesa contra el aborto. Casi 35 años después se repiten los argumentos: «Nuestra lucha por la despenalización del aborto es que la mujer es la única persona que tiene la responsabilidad de decidir si aborta o no, ella es la que debe tener el control y la decisión sobre su propio cuerpo».

El pasquín es una de las primera hojas de una carpeta que bajo el epígrafe aborto forma parte del fondo Flora Tristán que custodia el Archivo Histórico Provincial de León, donde ha quedado depositada, en más de 40 cajas, la memoria de esta asociación fundada en 1975, el Año Internacional de la Mujer, al amparo de la buhardilla del Club Cultural y de Amigos de la Naturaleza (CCAN).

El juicio de Bilbao se suspendió y se logró aplazar hasta marzo de 1982, con el debate del aborto ya muy encendido, gracias a todas las movilizaciones que, como en León, se celebraron en España. Siete años antes, en Bobigny, Francia, el juicio a una adolescente que había abortado tras ser víctima de una violación marcaba un hito en la historia de la despenalización del aborto.

El movimiento Choisir (Elegir) fundado en 1971 por Giséle Halimi, que tuvo el apoyo de la filósofa feminista Simone de Beauvoir, tuvo mucho que ver en este proceso que desembocó en 1975 con la legalización del aborto en Francia de la mano de la ministra conservadora Simone Veil.

El panfleto de Flora Tristán apelaba a la Constitución para modificar la ley penal sobre el aborto y exigía «educación sexual, anticoncepción gratuita y legalización del aborto» además de libertad para las mujeres de Bilbao y Sardanyola.

El juicio se celebró finalmente en marzo de 1982. Las penas se aliviaron bastante, pero siguieron muchos otros juicios por abortos, incluido el de una mujer que fue denunciada por su amante porque «le pareció excesivo el gasto» de la operación. En papel cebolla aparece, entre los documentos de Flora Tristán, un documento dirigido «al juzgado de instrucción de León que corresponda». Era el comienzo de una campaña para colapsar los juzgados con autoinculpaciones de aborto ilegal.

«Con la ley Gallardón volveremos a lo mismo, a la prehistoria», lamenta la abogada Azucena González Coronado, una de las fundadoras de Flora Tristán, para quien la reforma «tiene que ver mucho con la iglesia católica».

Varios folios con firmas de leoneses y leonesas obran en este fondo documental reclamando «el derecho al aborto libre, el sobreseímiento de todos los procesos y el derecho a la intimidad personal». Tere Colín, maestra, es la primera de la lista. Antonio Cortijo, obrero, Encina Gutiérrez, asistente social, Azucena González Coronado, abogada, Diego Segura, Manuel Jular, Ramón Villa, Juan Carlos Uriarte... amas de casa, estudiantes y hasta un gigoló acompañan el listado.

En 1983, ante el debate de la ley de supuestos, arrecia la campaña de las Choisir de León. Otro documento recuerda que la primera ley del aborto en el país es de 1937. Federica Montseny, primera ministra de Sanidad, propició esta ley que afectaba solo a Cataluña: las mujeres podían abortar en los tres primeros meses del embarazo.

Un manuscrito lamenta las pocas ventjas que la democracia ha traído a las mujeres: «Si para los hombres españoles, el advenimiento de la democracia en España les ha supuesto enormes cambios y ventajas respecto a las mujeres no puede decirse lo mismo. Ellas siguen sufriendo la mayor represión en su propio cuerpo».

En la memoria escrita de Flora Tristán aparecen tarjetas y direcciones de clínicas en Londres, Portugal y Holanda acreditadas para realizar abortos. Y un escrito con recomendaciones que desaconsejan el uso de «inyecciones o productos como el Duoginon, que no son abortivos ya que sólo hacen bajar la regla cuando la mujer no está embarazada».

Y añade: «Son productos peligrosos para la mujer y el embrión, lo que resulta grave si luego desea o se ve obligada a seguir con el embarazo». En Londres existía un grupo de apoyo a las españolas que iban a abortar ( Spanish Women Abort Support ) en la Elgin Avenue y la clínica más recomendada era la del doctor Timothy Rutter a donde fueron a abortar miles de mujeres españolas en los años setenta y ochenta.

Las campañas no cesan ni siquiera con la ley 9/1985, de 5 de julio, que despenalizó el aborto en tres supuestos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre (terapéutico), violación (criminológico) y malformaciones (eugenésico). «Fue una ley tibia, pero mejor incluso que la que hace ahora Gallardón», valora Olga Castrillo, activista de Flora Tristán.

Las limitaciones de la ley de Felipe González se hizo patente en un folleto que realizaron en 1986 para informar a las mujeres que se encontraran ante la decisión de interrumpir un embarazo. «Con o sin ley del PSOE vas a seguir necesitando esta información», advierte en la portada. El miedo era patente: «Difunde esta propaganda. Hacerlo no está penalizado», reza el tríptico de los que aún se conservan varios en el Archivo Histórico Provincial y en las casas de las feministas.

Todas siguen en la lucha. «Los derechos de las mujeres parece que tienen la característica de no consolidarse», lamenta con ironía Marisa Castro. «Con las reivindicaciones del derecho al aborto se logró también el primer y único centro de planificación familiar en León, que ahora está a punto de desaparecer», afirma Encina Gutiérrez.

La educación sexual y la difusión y acceso a los anticonceptivos que prevé la ley de plazos del 2010 «siguen sin cumplirse» y «con la nueva ley, la educación afectivo sexual se pasa en Sanidad». En realidad, apostilla la presidenta de Simone de Beauvoir, «nunca se ha dado educación sexual en la escuela salvo en los primeros años de la Logse; parece que espanta que se hable de relaciones libres».

De su época de estudiante, recuerda la abogada Carmen Puente que «hacíamos colectas de dinero para amigas o conocidas que se veían en la tesitura de tener que ir a abortar a Londres, que era lo más seguro aunque costaba 50.000 o 60.000 pesetas, mucho dinero para entonces».

A la Plataforma por el Derecho al Aborto de León se han incorporado algunas jóvenes como la abogada Paloma García-Lozano Puente. «Me inculcaron en casa las ideas feministas pero cuando decidí ir a Flora Tristán no le dije nada a mi madre», comenta. Está en la plataforma porque cree que, si la ley actual «ya es imperfecta, 14 meses es poco plazo, con la ley Gallardón retrocemos más de 30 años: es más restrictiva que la de 1985, que tenía tres supuestos y ahora sólo se contempla dos, al excluir las malformaciones». «La OMS dice que hasta la quinta semana el feto no tiene viabilidad», recalca.

Lucía Lorenzana Fernández es voluntaria de Adavas desde hace seis años. Lo que más le preocupa de la nueva ley es que «nos pone a las mujeres en situación de no tener voluntad ni capacidad de decisión sobre algo que afecta a nuestra vida y a nuestro cuerpo».