El juez vuelve a poner contra las cuerdas a la hija del rey y le cita el 8 de marzo

El magistrado José Castro convirtió el auto de citación de la infanta casi en un escrito de acusación. En su obsesión por argumentar hasta el último detalle la necesidad de escuchar como imputada a la hija menor del rey de España el 8 de marzo, el instructor desgrana a lo largo de 227 páginas todos y cada uno de los indicios que en los últimos nueve meses ha recopilado contra Cristina de Borbón y que le llevan a asegurar que la duquesa pudo cometer un doble delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Todo ello, a través de Aizoon, la sociedad de la que era copropietaria junto a su marido.

Pruebas para, al menos, «oírla». El primero de los argumentos de Castro es que para él es un «deber inexcusable» como juez de instrucción el «oír» a la infanta en sede judicial en cuanto existen «indicios fundados de culpabilidad contra ella». Argumenta que, no hacerlo con las pruebas ya existentes en este sumario sería tanto como prevaricar.

Aquiescencia. Para el juez, la cascada de irregularidades fiscales que cometió Aizoon hubiera sido imposible si la infanta no hubiera «mirado para otro lado». Según Castro, Iñaki Urdangarín «difícilmente» pudo haber defraudado a Hacienda «sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia» de su mujer. El instructor cree imposible que la infanta, una persona de «solida formación», no estuviera «alertada» de las supuestas irregularidades que cometía su esposo, máxime cuando desde 2006 sus negocios ya fueron objeto de debate en la cámara balear.

Rentas mobiliarias ilícitas. Castro reconoce que, examinadas hasta el último detalle sus declaraciones por «rendimiento del trabajo» —sueldo en La Caixa y «retribuciones» de la Casa Real— no hay indicio de delito alguno. No así en sus declaraciones por rendimiento de «capital mobiliario». Y ahí esta la clave:, según el instructor porque la infanta jamás «declaró fiscalmente dividendo alguno» por su participación en Aizoon. Una argucia fiscal, entiende el juez, porque la sociedad, sobre el papel, jamás repartió «dividendo entre sus partícipes» y todos los beneficios se dedicaban a «remanente». Pero la realidad era otra porque los dos socios ingresaron beneficios de Aizoon a través de la continua «sobrecarga de gastos personales» a las cuentas de la sociedad por conceptos «que ni por asomo guardaban una mínima conexión con la actividad profesional de Aizoon».

Pagos de la infanta Para Castro, está claro que las facturaciones por gastos personales que la duquesa cargó a Aizoon supusieron una «doble defraudación» dado que «por una parte se trata de ingresos por lo que nunca tributó en sus declaraciones de IRPF; por otra, y a más añadidura, tuvieron la virtualidad de minorar la base imponible del Impuesto de Sociedades al figurar contablemente como gastos de explotación sin serlo», apunta.

Viajes, hoteles y decoración El fraude, explica el magistrado, se materializa con la carga a Aizoon de esos gastos «estrictamente personales» de los duques como viajes al extranjero, comidas, regalos, fiestas, sesiones de liderazgo, rehabilitación y decoración del palacete de Pedralbes. El auto hace referencia a «infinidad» de compras y servicios, muchos de los cuales «fueron contratados directamente» por la infanta «a sabiendas de que se repercutirían a Aizoon».

En colaboración con su marido A la vista de esos datos, el juez apunta que «doña Cristina intervino, de una parte lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon SL procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada de las arcas públicas de las comunidades valenciana y de las Islas Baleares»

Con la conformidad de la duquesa El juez llega a asegurar que la propia presencia de la duquesa como propietaria de Aizoon no era más que crear una «escudo frente a Hacienda» para que el fisco no se entrometiera en las irregularidades de la sociedad. La voluntad de los duques, apunta, es que la participación de Cristina de Borbón en la empresa no se «mantuviese oculta», logrando así la «aspirada protección fiscal». «De una ingenuidad imperdonable sería que la infanta (.) no prestara a ello su tácita conformidad», apunta la resolución.

Servicio doméstico El magistrado atribuye además a la hija del rey una intervención directa en la contratación «en negro» del servicio doméstico de la familia.