Piden revocar los cambios en el Poder Judicial
. La asociación de jueces Francisco de Vitoria reclama al Supremo que frene el «cambalache» de partidos y Gobierno para repartirse los vocales y el presidente.
El recién nacido Consejo General del Poder Judicial está bajo sospecha. El Tribunal Supremo debe decidir en los próximos meses si anula o no los nombramientos de los 20 vocales que el Congreso y el Senado, previo pacto de PP, PSOE, IU, CiU y PNV, acordaron en la última semana de noviembre, y si invalida también la posterior designación de Carlos Lesmes como máximo responsable de la institución y, al tiempo, como presidente del propio alto tribunal.
El Supremo, que comenzó a analizar esta situación a mediados de enero, tras admitir a trámite un recurso en tal sentido de Unión Progreso y Democracia (UPyD), tiene ahora otro mandato. La segunda mayor asociación española de jueces, la Francisco de Vitoria, ha acordado impugnar ante el alto tribunal las designaciones parlamentarias de los 12 vocales del Consejo procedentes de la carrera judicial y la del propio Lesmes.
Este colectivo de magistrados de corte moderado persigue que el Supremo declare que los nombramientos son «ilegítimos» por entender que los grandes partidos y el Gobierno han violado la ley al reducir las designaciones a «un cambalache» para repartirse los puestos en el Consejo según su peso electoral. Este extremo, aseguran, está expresamente prohibido por la sentencia en la que el Tribunal Constitucional marcó en 1986 las líneas rojas para la realización de las designaciones. Extienden la contaminación al propio Lesmes.
La asociación Francisco de Vitoria, en definitiva, demanda la nulidad de los nombramientos por considerar acreditada «una injerencia de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria y del propio poder Ejecutivo en tal elección».