Bruselas pide explicaciones a España por usar pelotas de goma contra los inmigrantes

Como se preveía las explicaciones ofrecidas el jueves por el ministro Jorge Fernández Díaz tras la muerte de 15 inmigrantes que se ahogaron en Ceuta no resultaron suficientes para la oposición ni para las ONG que trabajan sobre el terreno. Pero tampoco para la Unión Europea. La comisaria del Interior, Cecilia Malmström, se mostró este viernes "muy preocupada" por la tragedia acaecida en las aguas próximas a la ciudad autónoma y exigió a España que investigue en profundidad "este grave asunto". Malmström manifestó su gran preocupación "por el hecho de que la policía fronteriza utilice balas de goma para disuadir a los inmigrantes en Ceuta". Por eso fue contundente en el mensaje que envió al Ejecutivo."Espero aclaraciones de las autoridades españolas", dijo la comisaria.

Horas después uno de los portavoces comunitarios fue más allá y en relación a las supuestas irregularidades que se podrían haber cometido a la hora de devolver a los inmigrantes a Marruecos por medio de las denominadas 'expulsiones en caliente', advirtió de que la Comisión se reserva el derecho de dar los pasos adecuados si se hallan pruebas de que un Estado miembro ha vulnerado la legislación europea.

Mientras crece la presión exterior sobre el Gobierno por la muerte de los quince inmigrantes, de los que hasta ahora se ha recuperado el cadáver de trece, el último hoy; en el plano interior aumentan las peticiones para que se releve al director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González.

Ambos insistieron a lo largo de los últimos días en que nunca se uso material antidisturbios contra los inmigrantes que se encontraban en el agua, un extremo que sí reconoció el jueves en el Congreso el ministro del Interior. Fernández Díaz confirmó que se lanzaron al mar pelotas de goma, balas de fogueo y botes de humo, aunque siempre, según su versión, a una distancia de 25 metros de las personas que intentaban alcanzar territorio español a nado. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría esquivó durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros responder a las preguntas sobre si el Ejecutivo se plantea destituir a algún alto cargo por la tragedia de Ceuta. Apenas se limitó a responder que, en un ejercicio de transparencia, el Gobierno trasladó a la opinión pública la información de la que dispuso en cada momento, y que no fue hasta el jueves cuando el titular del Interior tuvo en su poder un exhaustivo informe de la Guardia Civil en el que se reconocía el uso de pelotas, balas de fogueo y botes de humo contra los inmigrantes que intentaban alcanzar la playa ceutí del Tarajal.

Si las explicaciones de Fernández Díaz no convencieron a la oposición menos aún lo hicieron las de Sáenz de Santamaría. El PSOE insistió en las destituciones de Fernández de Mesa y González, además de la del responsable de la Guardia Civil en Ceuta que dio la orden de disparar en dirección al mar. "Si los fallecidos hubieran sido blancos y con DNI el director de la Guardia Civil no habría acudido hoy a su trabajo y el delegado habría sido destituido de inmediato", denunció el secretario de Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando. El dirigente socialista acusó al Gobierno de hacer en la tradia de la ciudad norteafricana una distinción entre "ciudadanos de primera y de segunda".

La Izquierda Plural apuntó aún más alto. A instancias de este grupo el pleno del Congreso votará esta semana una moción que en la que se pide el relevo del ministro del Interior por su responsabilidad en la tragedia. Protocolo de actuación La Asociación Unificada de la Guardia Civil, mayoritaria en el cuerpo, pasó de defender a capa y espada a los agentes de Ceuta y Melilla ante las críticas recibidas a exigir este viernes la elaboración de un protocolo de actuación que dé garantías jurídicas a los guardias civiles que prestan servicio en las vallas fronterizas y criticó "las diferentes interpretaciones" que hacen los partidos de la ley de Extranjería. El primero, subrayó la organización gremial, "el propio ministro del Interior que explicó de una forma enrevesada y laberíntica el modo de proceder y lo ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de aplicar dicha ley".

La Fiscalía General del Estado, entretanto, anunció que no abrirá diligencias para investigar lo sucedido en el Tarajal como reclamaron 20 ONG. El Ministerio Público argumentó que los hechos denunciados ya son objeto de un proceso de instrucción en un juzgado de Ceuta.