Alaya pone una fianza de 29,5 millones a Álvarez y vaticina que será condenada
La juez de los ERE señala a la ex ministra como una de las que posibilitó el fraude.
Fotografía de archivo de Álvarez cuando compareció en noviembre ante la juez Alaya.
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía recupera su tesis de que los altos cargos políticos de la Junta vinculados a la Consejería de Hacienda fueron en última instancia responsables de lo ocurrido. Que fueron los promotores del sistema irregular que permitió dar ayudas directas o prejubilaciones a sabiendas de su total opacidad y ausencia de controles. Así lo afirma sin ambages Mercedes Alaya en el auto en el que fija una fianza por responsabilidad civil de 29,5 millones de euros para la ex consejera Magdalena Álvarez, responsable de las cuentas regionales entre 1994 y 2004 e imputada por prevaricación y malversación. En ese mismo documento, la juez dice no dudar de la futura condena de la ex ministra.
Álvarez, consejera del Banco Europeo de Inversión (BEI), es la implicada que ostenta el mayor rango político del caso ERE. Su imputación el verano pasado se entendió como el paso previo a la inculpación de la cúpula de la Junta, ya que los supuestos hechos delictivos que se le imputan fueron señalados también en el auto que abría la puerta a una posible implicación del ex presidente José Antonio Griñán, actualmente aforado y que sustituyó a la ex ministra al frente del área de Hacienda.
El auto conocido ayer también fija las fianzas para dos de sus subordinados: el que fuera viceconsejero de Economía, José Salgueiro, deberá afrontar una responsabilidad civil de 22 millones de euros; mientras que para el ex secretario general técnico y director de Presupuestos Antonio Estepa está fijada en 8,8 millones de euros. Se trata de cantidades muy alejadas de los 807 millones impuestos al ex consejero de Empleo Antonio Fernández o los 686 millones del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Alaya apunta que tienen el plazo de un día desde la notificación del auto para abonar las fianzas, algo improbable dada su cuantía, por lo que la juez abre la puerta al embargo de bienes y nóminas, como ya ha hecho con otros imputados a los que ha inmovilizado incluso vehículos.
La juez Mercedes Alaya justifica estas medidas cautelares, que no fueron solicitadas en su día ni por la Fiscalía ni por la acusación particular que ejerce el Ejecutivo autonómico, con la finalidad de la «devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía». En este sentido, establece las cantidades en proporción al montante total de las ayudas otorgadas mediante el sistema irregular durante su etapa en Hacienda, cifradas «a groso modo» (sic) en poco más de 177 millones de euros, aunque esta cantidad podría variar con el avance de la investigación. Y de forma inusual aventura además que «cabe deducir la probabilidad cierta de que (los inculpados) pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan».
Recurso
La que fuera ministra socialista de Fomento ya recurrió en octubre su imputación ante la Audiencia de Sevilla, quien de pronunciarse podría acabar invalidando esta fianza, contra la que además cabe recurso. De hecho, la Audiencia ya anuló una primera imputación contra Álvarez y otra veintena de ex altos cargos de la Junta al entender que no había motivación suficiente, aunque la decisión se produjo cuando la ex consejera ya había prestado declaración.
Alaya repitió entonces la imputación concretando los supuestos hechos delictivos y tomó de nuevo declaración en octubre a la ex consejera, quien se quitó de encima toda responsabilidad y repitió que cada Consejería era responsable del destino final de los fondos públicos recibidos. Una tesis que Alaya rechaza ahora en su auto. Así, insiste la juez en que Álvarez y sus subordinados fueron promotores «en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión» de ayudas que se utilizó en la Junta entre 2000 y 2011.
Argumenta que aunque no fueran responsables del uso que la Consejería de Empleo dio a esos fondos públicos, sí pusieron en marcha el marco que permitió usar las transferencias de financiación para dar las ayudas. Y lo hicieron, dice, a sabiendas de que ese método era inadecuado porque permitía la discrecionalidad y evitaba cualquier fiscalización, contraviniendo así los principios de actuación de cualquier administración. De esta forma, subraya, las ayudas concedidas por este sistema se convirtieron en «desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad».