Los jueces fuerzan al Gobierno a dulcificar la ley de Seguridad Ciudadana

El ministro del Interior, Jorge Fernández, da su brazo a torcer y está dispuesto a dulcificar, hasta el punto de dejar casi irreconocible, el que iba a ser su proyecto estrella, la nueva ley de Seguridad Ciudadana, la norma que debía dotar, según el Gobierno, a los policías y guardias civiles de nuevas armas para hacer frente particularmente a la creciente conflictividad social.

Las durísimas críticas al anteproyecto por parte de los dos ponentes del Consejo General del Poder Judicial, que han elaborado el informe que deberá ser refrendado hoy en el pleno del órgano de gobierno de los jueces, han terminado de convencer a Interior de que la conocida como ‘ley Fernández’ es inviable en sus actuales términos. Y que, de salir adelante, el Tribunal Constitucional la echaría por tierra en el primer recurso. Según fuentes de este departamento, el Ejecutivo está dispuesto a modificar hasta una quincena de artículos, los más polémicos, que los ponentes, el conservador Wencesalo Olea y la progresista María Victoria Cinto, han tildado, incluso, de «contrarios a la Constitución».

Los juristas de Interior, a la espera del resultado del debate en el pleno del Poder Judicial, ya trabajan para cambiar la regulación de los cacheos, que el gobierno de los jueces consideraba «incompleta e imprecisa».

También probablemente desaparecerá el empeño de Interior por tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracciones administrativas. Un cambio que, en realidad, hurtaba a los jueces la potestad de imponer las sanciones, dejando todo en manos de la Administración en un proceso en el que, a diferencia del penal, las declaraciones de los agentes que denunciaban gozaban de «carácter probatorio» y no de meras pruebas testificales.

Se modificará por completo el nuevo precepto que daba luz verde a que las fuerzas de seguridad pudieran «retener» a cualquier persona sospechosa de haber cometido una «infracción» por no llevar encima la documentación o negarse a facilitarla.

Desde luego, según estas mismas fuentes, también va a caerse otro de los artículos más polémicos y que con mayor dureza han criticado jueces y organizaciones sociales, la obligación de empresas y empleados de seguridad privada de colaborar con las fuerzas de seguridad en la «disolución de reuniones y manifestaciones».

Saldrán también del texto conductas como los ultrajes a los símbolos y emblemas de España o de las comunidades autónomas.