El Ministerio del Interior alerta de una «escalada de violencia» contra el Estado
El dictamen del CGPJ, no vinculante, tumba gran parte de la Ley de Seguridad Ciudadana .
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una imagen de archivo.
«Hay una escalada de violencia» que busca «desestabilizar el sistema democrático y Estado de Derecho». Las rotundas palabras del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, poco antes de la reunión del Consejo General del Poder Judicial no fueron suficientes para convencer a los jueces. El Ministerio del Interior esperaba el varapalo, pero no esperaba que fuera de tal envergadura y que no salvó casi nada de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
El pleno del Consejo aprobó por unanimidad y sin un solo cambio el dictamen que tacha de «inconstitucional» la columna vertebral de la ‘ley Fernández’, la normativa alumbrada por el Gobierno en otoño de 2012 tras las primeras grandes manifestaciones de indignados y los primeros disturbios de gravedad, y que otorgaba a las fuerzas de seguridad nuevas prerrogativas en cacheos, controles y detenciones que los jueces creen que son ilegales.
Un rapapolvo en forma de dictamen no vinculante que, según admiten los propios responsables del Ejecutivo, llega en el «peor momento posible» cuando el Ministerio del Interior está más que cuestionado que nunca por los errores en el operativo del pasado sábado en Madrid durante las Marchas de la Dignidad que, a pesar de movilizar a más de 1.700 funcionarios, acabó con 67 policías heridos y con situaciones de riesgo extremo para algunos agentes. Todos los juristas de Interior dan por hecho que la ‘ley Fernández’ está muerta y que lo que salga ahora será otra cosa muy diferente.
Y es que el texto aprobado por el gobierno de los jueces es tajante. Son inconstitucionales o tienen muy difícil encaje en la Carta Magna hasta quince preceptos del anteproyecto, entre otros, «retener» a las personas sospechosas de haber cometido una infracción que se nieguen a facilitar su documentación o no la lleven encima; que los policías hagan controles en lugares públicos «para la identificación de las personas» con «el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción»; dar potestad a los funcionarios para hacer cacheos sin fijar el límite al registro externo y superficial, incluida la práctica de desnudos, siquiera parciales; tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracciones administrativas lo que en realidad era hurtar a los jueces la potestad de imponer las sanciones dejando todo en manos de la administración; que las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gocen de carácter probatorio; que los vigilantes de seguridad privada colaboren con las Fuerzas de Seguridad en la «disolución de reuniones y manifestaciones»; o sancionar a los «organizadores y promotores» de las protestas por los incidentes que tengan lugar durante esas concentraciones o manifestaciones.
El duro informe del Consejo, que aunque no es vinculante para el Gobierno es determinante para su aprobación, va a provocar que Interior reforme casi por completo su texto. Pero el revés no hizo variar de opinión a Cosidó, que tras advertir de la «escalada de violencia» para socavar al Estado, insistió en que las fuerzas de seguridad seguirán «actuando con firmeza». Es más, siguió defendiendo la difunta Ley de Seguridad Ciudadana, porque, aunque «muy debatida», su objetivo es «tener más capacidad para luchar contra los violentos», también desde el punto de vista legal.
Las palabras del máximo responsable de la Policía encendieron a la oposición. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, retó a Cosidó a llevar al Parlamento en su futura comparecencia sobre los sucesos del 22M las pruebas en las que se apoya para afirmar que hay una campaña para «desestabilizar el sistema democrático».